El gobierno de Javier Milei intensificó su postura contra el régimen de Nicolás Maduro al solicitar formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) el arresto del líder venezolano y otros altos funcionarios. La canciller Diana Mondino firmó una carta dirigida al fiscal de la CPI, Karim Khan, para que se emitan órdenes de arresto por violaciones graves a los derechos humanos, exacerbadas tras unas elecciones fraudulentas. La solicitud se fundamenta en el artículo 58 del Estatuto de Roma, que regula las órdenes de detención en casos de crímenes graves.
El gobierno argentino considera que la evidencia en la causa iniciada en 2018 es suficiente para detener a Maduro y sus colaboradores. En ese entonces, Argentina, junto con Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, presentó una demanda contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Esta fue la primera vez que un grupo de Estados llevó a otro país ante la CPI.
La reciente ofensiva argentina se inscribe en el regreso del país al proceso en julio de 2023, después de que el gobierno de Alberto Fernández se retirara en 2021. Mondino ha sido enfática en que esta acción es coherente con la posición adoptada desde el 10 de diciembre de 2023, cuando el gobierno de Milei asumió una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Esta solicitud de arresto aumenta la tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, que ya se encontraba deteriorada. El régimen de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos, y Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Venezuela, similar a lo ocurrido en el conflicto de Malvinas.
