La corrupción en la obra pública argentina vuelve a estar en el centro del debate tras la confirmación, por parte de la Corte Suprema, de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión judicial, que ratifica una pena de seis años de prisión e inhabilitación política perpetua, se produce en un contexto político y económico convulso en Argentina, marcado por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y la creciente polarización social.
Según la investigación publicada por Gestión.pe, la resolución del máximo tribunal representa un punto de inflexión en la trayectoria política de la exmandataria, figura clave del peronismo y principal opositora al actual gobierno.
La “causa Vialidad”, como se conoce al caso, investigó el direccionamiento irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los dos mandatos presidenciales de Kirchner (2007-2015). La justicia determinó que existieron sobreprecios y adjudicaciones anómalas que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner. La defensa de la exmandataria ha denunciado sistemáticamente una persecución política y judicial, alegando parcialidad por parte de fiscales y jueces.
El fallo de la Corte Suprema desestima el último recurso presentado por la defensa de Kirchner, argumentando que las sentencias anteriores se basaron en “la profusa prueba producida” durante el juicio. Esta decisión judicial tiene un impacto directo en el panorama electoral argentino, ya que excluye a la expresidenta de cualquier cargo electivo. Kirchner, de 72 años, quien además preside el Partido Justicialista, había anunciado su intención de presentarse como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas.
La confirmación de la condena obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a las legislativas de medio término, previstas para octubre. La figura de Kirchner representaba un polo de atracción importante para el electorado peronista, y su exclusión de la contienda electoral abre interrogantes sobre el futuro liderazgo del espacio opositor.
El presidente Javier Milei, a través de su cuenta en la red social X, celebró la decisión judicial con un lacónico “Justicia. Fin”. Esta reacción refleja la postura del gobierno actual, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas políticas. Sin embargo, algunos analistas advierten que la judicialización de la política puede exacerbar aún más la polarización en la sociedad argentina.
Es importante destacar que la defensa de Kirchner puede solicitar a la justicia la prisión domiciliaria, dado que la exmandataria tiene más de 70 años. Este posible escenario añade un nuevo capítulo a un caso que ha generado un intenso debate político y social en Argentina.
