Por Jordana Timerman y Marcelo J. García
Como si algo le faltaba a la angustia de una pandemia cruel e impredecible, la política argentina encontró en estos días una nueva forma de canalizar sus disputas de siempre en medio de una mortal segunda ola de la COVID-19: tomar a los niños como rehenes.
En sintonía con todos los países vecinos, los hospitales en la región metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están alcanzando niveles máximos de ocupación desde que empezó la pandemia, lo cual motivó al presidente Alberto Fernández a declarar el 15 de abril restricciones que incluyeron un toque de queda a la circulación nocturna y la suspensión de clases presenciales durante dos semanas en el AMBA.
El gobierno de la ciudad capital disputó la decisión sobre las escuelas, argumentando que los contagios no se producen en las aulas y que el gobierno federal no podía legalmente obligar a la ciudad a seguir sus directivas. En menos de una semana las puertas de las escuelas se cerraron, se abrieron y se volvieron a cerrar, parcialmente. Primero por un decreto presidencial, con el argumento de frenar contagios, después por una orden judicial local, luego por otra de un juez federal. El gobierno de la capital terminó ignorando el último pedido. Ahora todos miran a la Corte Suprema, que decidió tomar la papa caliente y prometió un trámite acelerado, pero legalmente no tiene plazos para decidir. Difícilmente pueda encontrar una salida judicial salomónica a un problema netamente político.
Mientras tanto, las familias confundidas no sabían si preparar las mochilas para la escuela, enchufar las computadoras para clases virtuales, protestar en las calles o simplemente resignarse a la improvisación, con sus costos psicológicos y económicos. Las escuelas y los docentes corren tras contradictorias decisiones judiciales y cada quien terminó tomando su propio camino de presencialidad, virtualidad o directamente sin clases.
Los cierres de escuelas han sido una norma más que una excepción en todo el mundo durante la pandemia. Una medida restrictiva durante dos semanas ante el crecimiento de contagios y muertes parece razonable y no debería generar grandes resistencias. Pero la reacción intransigente de la ciudad, gobernada por el líder opositor Horacio Rodríguez Larreta, empeora una crisis incipiente de gobernabilidad.
La lucha escolar en medio de la pandemia es un nuevo pico en un conflicto que impide a la dirigencia política argentina resolver los problemas del país, tanto los urgentes, como la pandemia, como los estructurales como el estancamiento económico y la inflación. La disputa fortalece a los sectores duros de las dos coaliciones políticas dominantes, el gobernante Frente de Todos de centroizquierda liderado por el peronismo y la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio.
La educación también es uno de esos problemas. Argentina forma parte de una preocupante tendencia regional: América Latina tiene el mayor número de estudiantes fuera de las escuelas por pandemia del mundo. UNICEF estima que 3 millones de niños latinoamericanos nunca retomarán sus estudios a raíz de la pandemia. La virtualidad profundiza desigualdades socioeconómicas e impacta particularmente a los niños más vulnerables.
Cuando empezó la pandemia, Argentina encaró un cierre prolongado para frenar la llegada del virus. No lo logró, pero la demoró. Se evitó así el colapso sanitario que afligió a varios países de la región y se pudo brindar asistencia médica a todos los que la necesitaron. Inicialmente, la cuarentena contó con un fuerte apoyo político y social, que llevó a la aprobación del presidente Fernández y de Rodríguez Larreta a niveles récord. Pero el desgaste de “la cuarentena más larga del mundo”, según sus críticos, hizo aflorar con fuerza las profundas divisiones —las grietas— preexistentes de la política nacional.
Mientras tanto, el gobierno nacional cometió varios traspiés. No planificó la estrategia de prioridades ante la segunda ola, aún cuando era evidente el impacto sobre los otros países de la región. Las vacunas que adquirió tardaron más de lo previsto en llegar por el ritmo de producción global. Y no se generó un nuevo consenso acerca de las restricciones que serían necesarias mientras se avanza a cuentagotas con la inoculación, tal como ha ocurrido en otros países de América Latina y Europa.
La educación no fue prioridad en las aperturas graduales en 2020 pero las autoridades se habían comprometido a hacerlo en 2021. Por eso, el anuncio sorpresivo de Fernández de un cierre de 15 días cayó como un balde de agua fría en familias a las que no solo le preocupa la calidad de la educación sino la organización familiar en una economía en la que el resto de las actividades ya funcionan con relativa normalidad.
Rodríguez Larreta aprovechó esos errores para atacar al gobierno con medidas que apuntan más a sacar provecho en las elecciones de medio término a fines de este año que a consensos científicos epidemiológicos, como judicializar el cierre escolar, resistir horario de toque de queda nocturno o controlarlo de manera laxa.
Por eso, que hayan convertido a la educación en un campo de batalla política para poner en jaque el poder del presidente Fernández es una mala noticia. Indica una mayor turbulencia en un país donde la pandemia recrudece y que depende de un acuerdo trabajoso con el Fondo Monetario Internacional para salvar su precaria economía.
La opción es recrear, aunque sea trabajoso, un consenso basado en opiniones científicas que se dio de manera espontánea al inicio de la pandemia. Así como celebramos recientemente que pronto se producirá localmente la vacuna Sputnik V, la mayoría de los argentinos veríamos con buenos ojos que nuestra dirigencia encuentre la fórmula para una vacuna contra la grieta.
