La inmigración en Argentina enfrenta un cambio radical tras el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre una serie de reformas al régimen migratorio. Estas medidas, que incluyen restricciones más severas para la residencia, la eliminación de la gratuidad de la atención médica para extranjeros no residentes y la posible implementación de aranceles para estudiantes extranjeros, marcan un giro en la política migratoria del país. La iniciativa se produce en un contexto de creciente debate sobre el impacto de la inmigración en los servicios públicos y la seguridad ciudadana, así como también luego de un incremento significativo de la llegada de inmigrantes durante el último año.
Según la investigación publicada por Gestión, el Gobierno de Javier Milei implementará la reforma migratoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.
El objetivo principal, según Adorni, es avanzar hacia un país “ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”. Entre las medidas más destacadas se encuentra el endurecimiento de las condiciones para conceder la residencia a personas extranjeras. Esta modificación implicará una revisión exhaustiva de los requisitos y criterios de evaluación, con el fin de asegurar que solo aquellos que cumplan con los estándares establecidos puedan acceder a la residencia legal en el país.
Otro aspecto crucial de la reforma es la ampliación de las causales de expulsión de migrantes. Se incorporarán nuevos delitos y se facilitará la expulsión de aquellos que incurran en actos delictivos o que representen una amenaza para el orden público. Adorni fue contundente al afirmar que “los malandros, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera”. En este sentido, se prohibirá el reingreso al país a quienes ingresen con documentación apócrifa o sean detenidos cometiendo un delito flagrante o por violentar el sistema democrático.
La eliminación de la gratuidad de la atención médica para extranjeros no residentes es otra de las medidas que ha generado controversia. Si bien los organismos competentes en salud determinarán las condiciones de acceso al sistema, se abre la posibilidad de cobrar por los servicios, poniendo fin a lo que Adorni denominó “los famosos tours sanitarios”. Esta decisión busca aliviar la presión sobre el sistema de salud pública, que según el gobierno, se ve afectado por la demanda de atención de personas que no contribuyen al financiamiento del mismo.
Por último, se deja en manos de las universidades nacionales la decisión de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no residan en el país. Adorni justificó esta medida argumentando que representa una fuente de financiamiento para las casas de estudio y destacó que “uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero”. Cabe destacar que la autonomía universitaria permite a cada institución determinar su política de aranceles, lo que podría generar diferencias significativas entre las distintas universidades del país. Es importante tener en cuenta que la Argentina, durante décadas, se caracterizó por ser un país con una política de puertas abiertas en materia educativa, recibiendo estudiantes de toda Latinoamérica.
La implementación de estas medidas representa un cambio significativo en la política migratoria argentina, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Una política similar ya había sido promovida durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) mediante el DNU 70/17. El impacto real de estas reformas en la vida de los migrantes y en el funcionamiento de los servicios públicos aún está por verse.
