Argentina vuelve a mirar hacia los tribunales. Este jueves inició el juicio más grande por corrupción en la historia del país, con Cristina Fernández de Kirchner —expresidenta, exvicepresidenta y figura central del kirchnerismo— en el banquillo de los acusados.
La exmandataria, de 72 años, enfrenta cargos por liderar una asociación ilícita y recibir sobornos millonarios de empresarios del sector de la construcción a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos que encabezó junto a su esposo Néstor Kirchner, entre 2003 y 2015.
“Estamos frente a la investigación de corrupción más extensa que haya tenido la justicia argentina”, afirmó la fiscal Estela León, al abrir la audiencia virtual que reúne a 87 imputados entre exministros, secretarios y reconocidos empresarios.
El proceso, de carácter virtual por la magnitud del expediente, marca un nuevo capítulo en la saga judicial que persigue a la exjefa de Estado, quien cumple prisión domiciliaria por una condena previa de seis años por administración fraudulenta.
Cuadernos de las Coimas
La investigación conocida como “Causa Cuadernos” surgió en 2018 a partir de las detalladas anotaciones de Oscar Centeno, chofer del exsecretario de Planificación Roberto Baratta. Durante años, Centeno registró con precisión las entregas de dinero que empresarios hacían a funcionarios del gobierno kirchnerista.
Los cuadernos describen un sistema meticuloso de recolección de sobornos, en el que los aportes ilegales eran trasladados en bolsos y cajas hasta la Casa Rosada, la residencia presidencial de Olivos o los domicilios privados de los Kirchner.
Entre los nombres que aparecen en la investigación figuran Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Hugo Eurnekian, Enrique Pescarmona y Gerardo Ferreyra, todos pesos pesados del empresariado argentino que hoy enfrentan acusaciones de cohecho y lavado de activos.
“La corrupción se juzga, no se paga”, advirtió la fiscal León al rechazar los intentos de varios empresarios por cerrar acuerdos económicos para evitar el juicio.
Estructura del poder
Según la acusación, Cristina Fernández habría encabezado la red como “jefa de la organización delictiva”, mientras que Julio De Vido, exministro de Planificación, actuaba como coordinador del circuito de sobornos, y Baratta, junto a Centeno, era el encargado de la recogida sistemática del dinero.
El tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli anticipó que el proceso podría extenderse durante varios años, dada la cantidad de imputados, documentos y testigos. Sin embargo, la fiscalía no descarta acortar los plazos si algunos acusados deciden renunciar a declarar o acogerse a la colaboración eficaz.
Un reciente peritaje de la Gendarmería Nacional confirmó la autenticidad de los escritos de Centeno, consolidando el núcleo probatorio de la causa, aunque aún falta por localizar el cuaderno número cinco, pieza clave para completar la cadena de evidencias.
