Durante una conferencia de prensa, el Gobierno Regional de Huánuco presentó oficialmente el Área de Conservación Regional (ACR) San Pedro de Chonta, que —según informaron sus promotores— protegerá más de 51 mil hectáreas de ecosistemas en peligro.
La iniciativa fue anunciada como una respuesta estratégica frente al avance de la tala ilegal, las quemas no controladas y la expansión agrícola desregulada, factores señalados como amenazas directas contra la biodiversidad en la región.
Durante la ceremonia, representantes del Consejo Regional, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, ONGs ambientales y la Gerencia Regional de Recursos Naturales respaldaron públicamente la creación del ACR. El proyecto fue presentado como parte de una política de desarrollo sostenible con participación interinstitucional.
El biólogo Jorge Gálvez, jefe del proyecto “Naturaleza y Cultura Internacional”, afirmó que el establecimiento de esta área es “resultado de un proceso técnico que priorizó los sitios más importantes de Huánuco para la conservación”. Según indicó, el nuevo ACR no solo tendría un impacto a nivel local, sino que “representa un aporte a la conservación global”.
Zonas naturales claves en riesgo
De acuerdo con declaraciones del consejero regional Ricardo Hueliton Prado, uno de los riesgos más urgentes que enfrenta la región es la extracción maderera descontrolada, especialmente en sectores como Alto Monzón, en la provincia de Huamalíes. El funcionario advirtió sobre la existencia de especies en peligro de extinción que podrían desaparecer si no se implementan mecanismos efectivos de protección.
“Se viene extrayendo madera a gran escala sin ningún tipo de control”, afirmó Prado. Asimismo, exhortó a que la declaratoria del ACR no quede en un plano simbólico, sino que derive en acciones concretas para mitigar los efectos del cambio climático.
Por su parte, el fiscal especializado en materia ambiental, César González, calificó la nueva área como un “blindaje legal” frente a lo que consideró como “la expansión de fronteras agrícolas sin planificación”. Durante su intervención, el magistrado alertó que, al igual que ocurrió con el ACR Carpish, zonas protegidas como San Pedro de Chonta podrían estar en riesgo ante invasiones o presiones externas por parte de centros poblados.
Compromiso institucional
En representación de la Policía Nacional del Perú, el mayor Mario Vilca Samal, de la Unidad Desconcentrada de Protección Ambiental, anunció el compromiso de su dependencia para colaborar en acciones de prevención de delitos ambientales, como la tala y la quema de bosques. Según sus palabras, la participación policial será fundamental para hacer cumplir las normas de conservación en el nuevo ACR.
El fiscal González también reiteró que no existe “quema controlada” en la región, y que cualquier aprovechamiento forestal debe realizarse “únicamente con autorización del ente administrativo correspondiente”. Añadió que el Ministerio Público intervendrá en casos de flagrancia o responsabilidad penal en delitos ambientales que se cometan dentro del área protegida.
Los responsables del proyecto reiteraron que la creación del ACR San Pedro de Chonta es un paso fundamental para la adaptación al cambio climático, así como para el desarrollo sostenible de las comunidades vinculadas al bosque. Sin embargo, varios asistentes señalaron que la efectividad del área dependerá de su vigilancia constante y del respaldo ciudadano.
