El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó que el aumento del salario de la presidenta Dina Boluarte a más de S/35,000 sea una prioridad del Ejecutivo. Según afirmó este miércoles, el tema no está siendo considerado dentro de la agenda de su gestión.
La aclaración surge luego de un reportaje del programa Panorama, que reveló un documento del 10 de febrero enviado desde el Despacho Presidencial a la Presidencia del Consejo de Ministros, solicitando la evaluación de la estructura de cargos como parte de un proceso técnico-administrativo. El oficio, firmado por el subsecretario general Antonio Ramos Bernaola, fue acompañado de anexos para dar inicio al trámite ante Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Arana señaló que el documento mencionado forma parte de un procedimiento general y no implica que se haya tomado una decisión. “No hay ninguna resolución. Lo que puedo asegurar es que no hay decisión alguna, y por lo menos desde mi gestión no estamos asumiendo este tema como parte de la agenda”, subrayó.
No obstante, el reportaje indica que el Ejecutivo ha clasificado como reservada toda la documentación vinculada al trámite, impidiendo conocer el origen real del proceso. Esta decisión generó críticas por la falta de transparencia en un tema que podría elevar el salario presidencial de S/16,000 a S/35,568, es decir, más de 34 veces el sueldo mínimo.
En respuesta, el Despacho Presidencial emitió un comunicado negando que exista una propuesta concreta para modificar la remuneración de la mandataria. “Se trata de un trámite técnico que no implica un incremento automático ni una orden directa de la presidenta”, indicó. Asimismo, negó que se hayan producido despidos masivos en la PCM o el MEF, aclarando que solo se retiró a la secretaria general Dalia Suárez Salazar, una funcionaria de confianza.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que la remuneración de Boluarte sigue por debajo de la que perciben otros altos funcionarios del Estado y cuestionó la difusión de información “especulativa y falsa” que, según su versión, daña la imagen institucional.
