En una decisión histórica, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional y la inhabilitación por 10 años de los magistrados del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras un intenso debate y una serie de votaciones individuales. Con una mayoría clara, la expresidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y otros destacados miembros, incluidos el vicepresidente Aldo Vásquez y el presidente Humberto de la Haza, enfrentan ahora una sanción severa que los aparta de sus funciones y responsabilidades en el ente encargado de nombrar, evaluar y ratificar a jueces y fiscales en Perú.
La sesión, marcada por argumentos enfocados en presuntas infracciones normativas, incluyó defensas apasionadas de los magistrados y sus abogados, quienes argumentaron contra las bases de las acusaciones y destacaron la legalidad de sus acciones dentro de los límites de su mandato. A pesar de los esfuerzos de defensa, el informe final fue habilitado para su consideración en el próximo pleno del Congreso, señalado para el 6 de marzo, un movimiento que podría redefinir el panorama de la justicia en el país.
Las votaciones y el debate subrayaron la polarización en el Congreso respecto a la interpretación de las normas y la autonomía de la JNJ, con voces opositoras criticando el proceso como influenciado por intereses políticos y apuntando a una falta de sustento jurídico sólido.
