El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, confirmó la construcción del nuevo penal El Frontón, que estará destinado a jefes y cabecillas de organizaciones criminales.
La decisión fue aprobada por unanimidad durante la 28.ª sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), en la que participaron representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Policía Nacional, universidades, Defensoría del Pueblo y gobiernos regionales.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, explicó que la obra se ejecutará bajo la modalidad de obras por impuestos, con inversión privada, y que el plazo de construcción será de entre 8 y 10 meses. Las Fuerzas Armadas serán las encargadas de limpiar y preparar el terreno.
Penal tipo A
Según el anuncio oficial, el penal tendrá capacidad para 2.000 internos y será clasificado como un establecimiento de tipo A, lo que implica contar con un consejo técnico penitenciario, una unidad de administración y cuatro subdirecciones: tratamiento, salud, registro y seguridad penitenciaria.
Pese al respaldo unánime en el CONAPOC, especialistas han cuestionado el millonario gasto que implicará la obra. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) maneja actualmente un presupuesto de 1.130 millones de soles, pero Javier Llaque, exjefe del INPE, estimó que la implementación total del proyecto podría bordear los 5.000 millones de soles.
“Con esa cifra podríamos construir al menos 20 penales y reducir el hacinamiento a nivel nacional”, sostuvo Llaque en declaraciones a una emisora local.
Por su parte, Cecilia Capacharín, exdirectora del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (Cenecp), advirtió que los costos no solo corresponden a la infraestructura, sino también a la logística, salarios y mantenimiento de un penal de máxima seguridad: “El Frontón actualmente no cuenta con servicios básicos, por lo que el acondicionamiento será determinante y costoso”.
El anuncio llega en medio de la discusión sobre la crisis penitenciaria y el crecimiento de bandas transnacionales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, que han fortalecido sus operaciones en el Perú. El gobierno sostiene que el nuevo penal permitirá aislar a cabecillas y garantizar mayor seguridad ciudadana.
No obstante, críticos consideran que la obra es más simbólica que efectiva y que su costo millonario podría haberse destinado a resolver el hacinamiento generalizado en cárceles del país, que supera el 145% de su capacidad.
