La **App Store** de Apple se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de decisiones judiciales que cuestionan su control sobre las transacciones dentro de la plataforma. La controversia se centra en las comisiones que la empresa exige a los desarrolladores, un modelo que ha sido objeto de escrutinio legal y que ahora pone en jaque la estrategia comercial de la compañía. Este contexto se da en un momento crucial para Apple, donde la competencia en el mercado de aplicaciones y la presión regulatoria global son cada vez mayores. Recordemos que la App Store, lanzada en 2008, se ha convertido en una pieza clave del ecosistema Apple, generando miles de millones de dólares en ingresos anuales.
Según la investigación publicada por The New York Times, tras el fallo de un tribunal federal de apelaciones que instaba a Apple a flexibilizar su dominio sobre la App Store, Tim Cook, CEO de la empresa, y sus principales colaboradores deliberaron sobre las medidas a tomar. Durante más de una década, Apple había exigido que las aplicaciones utilizaran su sistema de pago, recaudando una comisión de hasta el 30% sobre las ventas. Ahora, en 2023, los tribunales ordenaban permitir que las aplicaciones eludieran los pagos de Apple y se dirigieran directamente a los consumidores en línea. El interrogante principal para Cook era si Apple podría seguir cobrando una comisión sobre esas ventas sin infringir la orden judicial.
El debate interno reveló posturas divergentes. Phil Schiller, responsable de la App Store, expresó su preocupación ante la posibilidad de que nuevas tarifas fueran consideradas ilegales, inclinándose por eliminar la comisión de Apple en las ventas en línea. En contraposición, Luca Maestri, director financiero de la empresa, defendió la imposición de una comisión del 27% para las ventas online, argumentando la necesidad de proteger el negocio de la compañía. Finalmente, Cook se alineó con la postura de Maestri, desencadenando una serie de acciones por parte de Apple para justificar dicha decisión.
La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien presidió el caso inicial presentado por Epic Games en 2020, dictaminó que Apple había recurrido a medidas extraordinarias para mantener intactos sus ingresos en la App Store. Entre estas medidas, la jueza señaló la “fabricación” de un estudio económico independiente destinado a legitimar la decisión de Apple, la retención de miles de documentos bajo la figura del secreto profesional y el falso testimonio de al menos uno de sus ejecutivos. Esta resolución podría tener consecuencias significativas para Apple, afectando su credibilidad y generando una mayor vigilancia legal sobre sus operaciones. Recordemos que Epic Games, creadores del popular videojuego Fortnite, demandaron a Apple alegando prácticas monopolísticas al obligar a los desarrolladores a usar su sistema de pago.
La compañía también enfrenta otros desafíos legales, incluyendo una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusándola de mantener un monopolio en el mercado de iPhones, demandas colectivas de desarrolladores de aplicaciones en Estados Unidos e investigaciones de la Unión Europea, Reino Unido, España y potencialmente China sobre sus prácticas en la App Store. Este cúmulo de litigios representa una amenaza para el modelo de negocio de Apple y podría obligarla a replantear su estrategia en el mercado de aplicaciones. La presión regulatoria a nivel global se ha intensificado en los últimos años, con un enfoque creciente en las prácticas de las grandes tecnológicas.
Expertos legales advierten sobre el daño reputacional que Apple podría sufrir ante los tribunales. Mark A. Lemley, profesor de derecho antimonopolio y tecnología en la Universidad de Stanford, señaló que “si quemas tu credibilidad con los tribunales, el próximo juez estará mucho menos dispuesto a perdonar”. Asimismo, predice que en futuros casos contra Apple, será más fácil para un juez concluir que los testimonios son falsos. La credibilidad de una empresa es un activo fundamental en cualquier proceso legal, y la percepción de que se ha intentado ocultar información puede influir negativamente en las decisiones judiciales.
