La bancada de Alianza para el Progreso (APP) ha generado polémica con la reciente presentación del Proyecto de Ley N.º 9761/2024, que busca retirar al Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. La propuesta, elaborada por la congresista María Acuña, contempla tres artículos que autorizan a la presidenta de la República a iniciar el proceso de denuncia de este tratado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El proyecto no solo plantea el retiro del país del sistema interamericano de derechos humanos, sino que establece condiciones para una posible reincorporación. Según la propuesta, el Perú solo podría regresar a la convención una vez vencidos los plazos estipulados y “con las reservas sobre temas que deben ser decididos de manera soberana por el país”, haciendo especial énfasis en el debate sobre la pena de muerte.
Postura de la Defensoría del Pueblo
Frente a esta iniciativa, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció en contra y calificó el proyecto como una medida populista. “Es incorrecto. (…) No podemos llegar al populismo al decir ‘hay que aplicar pena de muerte’ y con eso se aumenta un punto de popularidad”, expresó Gutiérrez.
Asimismo, enfatizó que el Perú no debe apartarse de la justicia internacional ni de los mecanismos que garantizan los derechos humanos en el país. “Hay que ser objetivos, hay que hablar como personas sensatas en la conducción y en los destinos del pueblo”, añadió el defensor, subrayando los riesgos que implicaría para la protección de los ciudadanos la salida del Pacto de San José.
Dina Boluarte y el debate sobre la pena de muerte
El debate en torno a la propuesta de APP se dio en paralelo a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien reavivó la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores. En un acto oficial, Boluarte señaló: “No debemos de tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños y niñas (…). Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores, no podemos permitir que, en las calles, caminen libres tipos como estos”.
Sin embargo, estas declaraciones han sido interpretadas por algunos analistas como una estrategia para desviar la atención de otros temas controvertidos. La politóloga Paula Távara comentó que “vuelve a mostrar su desprecio por las personas más vulnerables a la violencia de género y sexual, reafirma que sus propuestas de mano dura son falsas y que en realidad no le interesa resolver estos problemas”.
Távara también criticó la falta de pronunciamiento del Ejecutivo ante casos concretos, como las denuncias de violaciones a menores en Condorcanqui. “Con las comunidades indígenas en general, este Gobierno ha actuado con absoluto desprecio desde el primer día”, afirmó en entrevista para La República.
Críticas al proyecto de ley y posibles consecuencias
La propuesta legislativa ha recibido múltiples críticas desde diferentes sectores. Según expertos en derechos humanos, el retiro del Pacto de San José implicaría un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales en el Perú. Además, significaría que los ciudadanos ya no podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos donde las instancias nacionales no garanticen justicia.
“La propuesta desconoce la importancia del sistema interamericano como una garantía adicional para las víctimas. Estamos hablando de un mecanismo que ha sido fundamental para la defensa de los derechos humanos en el continente”, señaló en declaraciones a este medio un representante de Amnistía Internacional.
Por su parte, organizaciones civiles y académicos advierten que el proyecto de ley podría aislar al Perú en la esfera internacional, afectando su credibilidad y compromiso con los estándares de derechos humanos. “El retiro del Perú del Pacto de San José sería un paso atrás que afectaría a las personas más vulnerables y pondría en riesgo los avances logrados en materia de derechos humanos en el país”, afirmaron desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Contexto y objetivos políticos detrás del debate
El énfasis del proyecto en temas de soberanía nacional y la pena de muerte ha llevado a algunos analistas a cuestionar los verdaderos motivos detrás de la iniciativa. Según Paula Távara, este tipo de propuestas suelen responder más a intereses políticos que a un análisis técnico o jurídico. “Es una medida que busca apelar al populismo punitivo, pero que no resuelve los problemas estructurales de justicia e impunidad en el país”, indicó.
La propuesta también ha sido vista como una respuesta a las presiones que enfrenta el Congreso por parte de diversos sectores conservadores, quienes han abogado por endurecer las penas contra los agresores sexuales. No obstante, expertos en justicia penal advierten que la pena de muerte no es una solución efectiva para reducir la violencia sexual.
El camino hacia una posible denuncia del tratado
Si el Congreso aprueba la propuesta, el Ejecutivo estaría autorizado a denunciar el tratado ante la OEA, un proceso que implica formalizar la salida del Perú de la Convención Americana. Esto significaría que el país renunciaría no solo a la competencia de la Corte Interamericana, sino también a los compromisos establecidos en el tratado, que incluyen la protección de derechos civiles, políticos y sociales.
La iniciativa ha abierto un debate amplio sobre la importancia del sistema interamericano de derechos humanos y la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales para garantizar justicia y proteger a las víctimas. En este contexto, el proyecto de ley de APP representa un desafío para el equilibrio entre la soberanía nacional y el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
Conclusión
El proyecto de ley presentado por APP para retirar al Perú del Pacto de San José ha generado una intensa polémica que trasciende el ámbito nacional. Las críticas de expertos, organizaciones civiles y autoridades como el defensor del pueblo reflejan la preocupación por las posibles consecuencias de esta medida. Mientras tanto, el debate sobre la pena de muerte sigue siendo utilizado como un instrumento político, desviando la atención de los problemas estructurales que enfrenta el sistema de justicia en el Perú.
El país se encuentra en un momento crucial, donde las decisiones legislativas pueden marcar un punto de inflexión en su relación con la comunidad internacional y en la protección de los derechos fundamentales de su población.
