Alianza para el Progreso (APP) exigió la renuncia inmediata del presidente José Jerí luego de que se difundieran reportes sobre dos reuniones reservadas con el empresario chino Zhihua Yang: una en diciembre, en un chifa del distrito de San Luis, y otra en enero, en el establecimiento Market Capon, en el Centro de Lima. En un comunicado, el partido calificó estos encuentros como “inadmisibles” y sostuvo que afectan la ética pública, la transparencia y la confianza ciudadana.
APP afirmó que, por la “gravedad de los hechos” y el “daño a la institucionalidad democrática”, la dimisión debe darse “como un acto de responsabilidad política y moral”. A la par, pidió al Ministerio Público actuar con “celeridad, firmeza e independencia” para esclarecer el caso, en el marco de las facultades vigentes para recabar información y declaraciones.
Aunque el pronunciamiento marcó un giro en el tono del partido frente al mandatario, APP evitó precisar si respaldará formalmente una moción de vacancia, si promoverá censura contra la Mesa Directiva del Congreso o si solicitará un Pleno para debatir medidas políticas inmediatas.
Comunicado de APP
En su declaración pública, APP no solo planteó la renuncia de Jerí, sino que también colocó el foco en la responsabilidad política del partido Somos Perú, al que atribuyó el “accionar” del presidente. El mensaje llega en un contexto de tensión preelectoral, con miras a las Elecciones 2026, donde ambas fuerzas compiten por influencia y representación.
El partido insistió en que corresponde una respuesta institucional para despejar dudas sobre el contenido, finalidad y actores involucrados en las reuniones. Sin embargo, dejó abierto el escenario sobre los pasos siguientes dentro del Congreso, lo que alimenta dos lecturas políticas: una, que APP busca diferenciarse con un deslinde público; y otra, que evita comprometerse con una ruta parlamentaria concreta hasta medir apoyos y costos.
En paralelo, se intensificaron las reacciones en el Legislativo. Tras la difusión de los encuentros, distintos sectores comenzaron a evaluar mecanismos de control político, mientras voces de oposición calificaron el episodio como un punto crítico para la legitimidad del gobierno.
El antecedente clave
El pedido actual contrasta con lo ocurrido en octubre del año pasado, cuando el Congreso debatió dos mociones de censura contra la Mesa Directiva encabezada por Jerí, en medio del reacomodo político posterior a la caída de Dina Boluarte y la discusión sobre la sucesión y conducción del Parlamento.
En esas votaciones —realizadas el 10 y el 16 de octubre— ambas mociones fueron rechazadas, y APP votó en contra de admitirlas. La primera no prosperó con 61 votos en contra, 36 a favor y 17 abstenciones. La segunda también fue desestimada con 63 votos en contra, 20 a favor y 4 abstenciones. Ese registro parlamentario es ahora el principal elemento que expone la contradicción política que el partido deberá explicar ante la opinión pública.
En la práctica, si APP decidiera sumarse hoy a nuevas iniciativas de control, su adhesión podría inclinar la balanza: Jerí quedaría en una posición más frágil si se consolidan los votos necesarios para impulsar medidas como censura, recomposición de la Mesa Directiva o, eventualmente, una vacancia presidencial.
Congreso reactiva ofensiva
En el Parlamento ya se mueven piezas. Una moción de vacancia por “incapacidad moral permanente” contra José Jerí, vinculada a las reuniones con Zhihua Yang, ya cuenta con 16 firmas, según informó el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), promotor de la iniciativa. La propuesta también menciona, como parte del contexto político, un decreto supremo emitido en Año Nuevo relacionado con medidas sobre PetroPerú, asunto que elevó el nivel de confrontación y alimentó cuestionamientos desde diversos sectores.
En paralelo, legisladores como Ruth Luque, Sigrid Bazán (Bloque Democrático) y Edward Málaga impulsan tres mociones de censura contra integrantes de la Mesa Directiva, argumentando que los cuestionamientos alrededor de Jerí comprometen la conducción institucional del Congreso y la confianza pública.
