La crisis política se agudiza en Perú tras el trágico hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, un evento que ha desatado una ola de críticas y ha puesto en la mira al Primer Ministro, Gustavo Adrianzén. La situación, que ya era tensa por la creciente inseguridad ciudadana y la conflictividad social en torno a la minería informal, se ha visto exacerbada por las declaraciones iniciales del jefe de Gabinete, quien sembró dudas sobre la veracidad del secuestro de los trabajadores, generando indignación y desconfianza en diversos sectores políticos y sociales.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Congreso de la República se prepara para debatir dos mociones de censura contra Adrianzén, impulsadas por diferentes bancadas que cuestionan su gestión y su manejo de la crisis. Este escenario se desarrolla en un contexto donde la minería ilegal y la criminalidad organizada representan desafíos significativos para la gobernabilidad y el desarrollo económico del país, especialmente en regiones como La Libertad, donde la actividad minera es un motor económico clave pero también fuente de conflictos y delitos.
La primera moción de censura, liderada por la bancada de Podemos Perú, califica la situación actual como una “criminalidad terrorista” y exige un “Gabinete de guerra” para hacer frente a la delincuencia. El excongresista Aron Espinoza, figura clave de Podemos Perú, ha señalado la desconexión del Primer Ministro con la realidad del país, argumentando que su minimización del secuestro en Pataz evidencia una falta de liderazgo y una preocupante desinformación sobre los problemas que aquejan a la ciudadanía. Además, Espinoza ha extendido sus críticas a los ministros de Defensa e Interior, sugiriendo su remoción para dar un nuevo rumbo a la política de seguridad nacional.
Por otro lado, el congresista no agrupado Edward Málaga promueve otra moción de censura, argumentando que la responsabilidad política por la muerte de los 13 trabajadores recae directamente sobre el Primer Ministro, debido a su inicial falta de acción y su cuestionable manejo de la información. Málaga ha rechazado las acusaciones de aprovechamiento político, enfatizando la “obligación moral” del Congreso de hacer justicia a las víctimas. Su moción, que ya estaba en curso desde antes del incidente en Pataz, se basa en una crítica más amplia a la gestión económica del gobierno, la corrupción en programas sociales y el aumento de la inseguridad y la minería ilegal.
Desde otras bancadas, como Acción Popular y Renovación Popular, se han sumado voces que exigen un cambio de rumbo en el gobierno, ya sea a través de la renuncia de Adrianzén o mediante una renovación del Gabinete Ministerial. Julio Chávez, presidente de Acción Popular, ha instado al Primer Ministro a dar un paso al costado, mientras que Alejandro Muñante, portavoz de Renovación Popular, ha señalado la necesidad de un “refresco” en el Gabinete para implementar nuevas ideas y replantear la política de seguridad. Incluso Jorge Montoya, de Honor y Democracia, ha firmado a título personal una de las mociones de censura, argumentando que las declaraciones del Primer Ministro sobre el caso Pataz “no pueden quedar en el aire”.
En contraste, las bancadas que integran la Mesa Directiva del Parlamento, como Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, han mantenido un perfil bajo en relación con la situación de Adrianzén. César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder de APP, ha respaldado las medidas dictadas por el gobierno para enfrentar la minería ilegal en Pataz, mientras que Luis Valdez, secretario general de APP, ha adelantado que su agrupación no respaldará ninguna de las mociones de censura. Fuerza Popular, por su parte, ha anunciado una interpelación contra el Ministro de Defensa, pero aún no ha definido su postura sobre la censura de Adrianzén. Perú Libre ha planteado que el Estado tome el control total de la provincia de La Libertad, pero no ha definido una posición sobre las mociones de censura. Avanza País, por último, ha señalado que su bancada aún no ha tomado una postura sobre la destitución del Primer Ministro.
Desde la izquierda, las bancadas Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y Bloque Democrático Popular se han manifestado a favor de la destitución de Adrianzén. Jaime Quito, de la Bancada Socialista, ha señalado que la censura es necesaria ante la falta de acción del Ejecutivo en el caso Pataz, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, ha calificado la situación como una “total desubicación política” y ha exigido un gobierno de transición. Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, ha criticado la inacción del Ejecutivo ante leyes consideradas “nefastas” y ha recordado su permisividad con la ampliación del Reinfo, un registro que regula la minería informal.
La presidenta Dina Boluarte ha cuestionado al Congreso por la presentación de las mociones de censura, argumentando que la destitución de ministros no soluciona los problemas del país y que el Ejecutivo está trabajando arduamente para beneficiar a la ciudadanía. Boluarte ha anunciado medidas para Pataz, como el toque de queda y la solicitud de facultades delegadas para legislar sobre “terrorismo urbano”, y ha criticado al Ministerio Público por la liberación de delincuentes involucrados en la criminalidad en la zona. Además, ha recordado que el Congreso derogó una norma clave para controlar la minería ilegal, emitida por el gobierno en diciembre de 2023.
