El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, anunció que solicitará al Ejecutivo nacional la declaratoria de emergencia para la provincia de Puerto Inca, ante lo que describió como una situación fuera de control generada por la minería ilegal.
Según indicó, solo en lo que va del año se habrían deforestado más de mil hectáreas de bosque, mientras que lagunas y ríos locales estarían contaminados por mercurio, afectando a comunidades nativas y áreas de biodiversidad.
Durante una rueda de prensa, Pulgar afirmó que la magnitud del daño ambiental y social supera las capacidades operativas de las autoridades locales y regionales. Indicó que la Policía Nacional y el Ministerio Público no cuentan con el personal ni la logística adecuada para intervenir de forma sostenida en la zona.
A su juicio, se requiere una intervención articulada desde el más alto nivel del Estado, incluyendo a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Autoridad Nacional del Agua.
El gobernador explicó que su gestión está reuniendo evidencia técnica a través de las direcciones regionales de Agricultura, Energía y Minas, y Recursos Naturales, con el fin de sustentar la solicitud de emergencia.
Congreso favorece intereses ilegales
Durante su exposición, Antonio Pulgar criticó duramente al Congreso de la República, acusando a algunos parlamentarios de aprobar normas que, según manifestó, favorecen indirectamente la expansión de la minería ilegal. Señaló específicamente el caso del sistema de formalización minera (Reinfo), que habría sido utilizado por operadores ilegales como un escudo normativo para mantener sus actividades.
“Se entiende que hay intereses económicos. No se puede seguir legislando a espaldas de los pueblos amazónicos”, declaró.
El gobernador expresó su intención de formar una comisión multisectorial con participación de ministerios, gobiernos locales, fiscalía, comunidades indígenas y organizaciones civiles, con el fin de generar una estrategia de intervención más sólida.
Pulgar también explicó que la destrucción de maquinaria minera ilegal en operativos aislados resulta insuficiente, ya que estas unidades son rápidamente reemplazadas. “El modelo actual de intervención no funciona. El problema es estructural y requiere una solución de Estado, no solo de un gobierno regional”, afirmó.
Comunidades nativas vulnerables
Uno de los temas más sensibles abordados por el gobernador fue la vulnerabilidad social en la provincia de Puerto Inca. Pulgar reconoció que sectores de la sociedad civil, incluyendo algunas comunidades nativas, estarían siendo cooptadas por operadores ilegales debido a la falta de alternativas económicas y a la ausencia sostenida del Estado.
Aseguró que incluso se habrían producido pagos a dirigentes comunales para permitir el ingreso de maquinaria o evitar denuncias, aunque no detalló casos concretos ni procesos judiciales en curso.
En relación con las condiciones socioeconómicas de la zona, Pulgar admitió que su gobierno no tiene la capacidad suficiente para revertir por sí solo esta situación, y reiteró que el Ejecutivo nacional debe involucrarse directamente. “No vamos a negar que la pobreza empuja a algunas comunidades a proteger estas actividades ilegales. Pero eso no justifica que el Estado abandone sus funciones”, señaló.
DATO
El gobernador también informó que la oficina descentralizada de Energía y Minas en Puerto Inca fue cerrada debido a denuncias de corrupción, y que se evalúa su reapertura bajo un nuevo esquema de control conjunto, con participación directa del Ministerio Público. Aseguró que existen testimonios que evidencian intentos de soborno a funcionarios regionales, y propuso que cualquier oficina de coordinación en la zona esté sujeta a vigilancia interinstitucional permanente.
