Antonio Pulgar denuncia abandono del Estado y propone estado de emergencia ante ola delictiva

Exige mayor presencia del Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra el crimen

En una serie de declaraciones brindadas en el marco de una conferencia de prensa, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, atribuyó la creciente inseguridad en la región a la falta de control migratorio y a deficiencias en la actuación del sistema de justicia.

De acuerdo con Pulgar, actualmente existen 27 ciudadanos extranjeros con orden de expulsión que no han sido retirados del país. Aseguró que estos individuos, en su mayoría colombianos y venezolanos, continúan en Huánuco a pesar de haber ingresado de forma ilegal. Según sus propias palabras, el trabajo de captura recaería nuevamente en la Policía Nacional, lo que considera una duplicación de esfuerzos ante la falta de respuesta efectiva del sistema migratorio.

En esa línea, criticó el cierre de la Oficina de Migraciones en Huánuco y señaló que la atención actual desde el MAC, con solo tres o cuatro empleados, es insuficiente. Reiteró que Huánuco debería contar con una jefatura zonal de Migraciones para no depender de Ucayali.

Sobre la propuesta de declarar a Huánuco en estado de emergencia, Pulgar defendió la medida pese a las críticas del alcalde de Amarilis, quien sostuvo que solo genera alarma innecesaria. Según el gobernador, la situación ha escalado con casos frecuentes de sicariato y extorsión bajo el esquema de préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

Pulgar también mostró su descontento con la ausencia de representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial en las últimas reuniones de coordinación en materia de seguridad. Sostuvo que no se puede seguir liberando a delincuentes que han sido detenidos por la Policía. En un tono más controversial, afirmó que debería debatirse la implementación de la pena de muerte para delitos graves como el asesinato y la extorsión, si bien esta propuesta requiere una reforma constitucional y tiene serias implicancias legales.

En relación con el sistema de videovigilancia, el gobernador responsabilizó a los alcaldes distritales por la falta de operatividad de las cámaras ya instaladas, pese a que su gestión ha destinado más de 16 millones de soles a este sistema. Indicó que las cámaras cuentan con reconocimiento facial y de placas, y afirmó que deberían estar ya en funcionamiento.

Respecto al equipamiento policial, Pulgar informó que está en proceso la entrega de un primer lote de 23 camionetas y 55 motocicletas, y un segundo lote con 92 camionetas y 33 motocicletas adicionales.

Consultado sobre el proyecto de construcción de un laboratorio de criminalística, el gobernador dijo que no forma parte de la cartera del gobierno regional, pero mostró interés en impulsarlo mediante el mecanismo de obras por impuestos. También señaló que se busca avanzar en la recuperación del teatro municipal, cuya infraestructura se encuentra bajo un marco legal específico.

Finalmente, al ser preguntado por denuncias contra el rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Dr. Guillermo Bocangel, Pulgar confirmó haber recibido documentación que calificó como “escandalosa”, aunque no ofreció detalles adicionales y afirmó que toda autoridad debe ser investigada, sin importar su poder o posición económica.