Antonio Pulgar acusa a Elizabeth Medina de falsear información sobre obras paralizadas en Huánuco

La controversia política se intensificó tras la aprobación de una moción congresal que habilita una comisión investigadora para indagar la existencia de 32 obras supuestamente paralizadas en la actual gestión regional de Huánuco, hecho que fue cuestionado públicamente por la autoridad regional, al considerar que la información presentada ante el pleno no corresponde a la realidad administrativa ni presupuestal.

El pronunciamiento fue realizado por el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, quien sostuvo que la congresista de la República Elizabeth Sara Medina Hermosilla incurrió en afirmaciones inexactas al sustentar la Moción de Orden del Día n.° 19978. Según indicó la autoridad regional, la parlamentaria habría atribuido a la gestión vigente la paralización de 32 obras, información que —de acuerdo con su versión— carece de sustento técnico y vulnera el principio de veracidad en el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con lo señalado por Pulgar Lucas, la información expuesta ante el Congreso fue “distorsionada”, ya que, según precisó, 29 de las obras mencionadas corresponden a municipalidades provinciales y distritales, mientras que las tres restantes pertenecen a la gestión regional del periodo 2019-2022, liderada por el exgobernador Juan Alvarado Cornelio. El gobernador afirmó que ninguna de las obras señaladas se encuentra bajo responsabilidad directa de su actual administración.

El gobernador detalló que entre las tres obras vinculadas a la gestión regional anterior se encuentran el campo sintético de la localidad de Puente Vera, en el distrito de Kichki, así como la adquisición de plantas generadoras de oxígeno medicinal destinadas a los centros de salud de La Unión, Dos de Mayo y Perú-Corea, en Huánuco. Según manifestó, estas intervenciones no corresponden al periodo de gobierno en curso.

Pulgar Lucas calificó la actuación de la congresista Medina Hermosilla como una “grave irresponsabilidad política y funcional”, al considerar que sus declaraciones habrían generado un perjuicio a la institucionalidad del Gobierno Regional de Huánuco y a la reputación de sus funcionarios y trabajadores. Según expresó, la aprobación de la moción se habría producido sobre una “premisa inexistente”, lo que, a su juicio, indujo a error a los congresistas que respaldaron la iniciativa.

Información oficial y registros de control estatal
En respaldo a su posición, el gobernador regional señaló que la información oficial registrada en la plataforma Infobras de la Contraloría General de la República no consigna ninguna obra paralizada atribuible a su gestión. De acuerdo con lo manifestado por la autoridad, estos registros constituyen la fuente oficial de verificación del estado de las obras públicas a nivel nacional y desvirtúan las afirmaciones realizadas en el hemiciclo.

Asimismo, Pulgar Lucas sostuvo que, pese a existir mecanismos formales de verificación, la información presentada ante el pleno habría sorprendido tanto a la representación nacional como a la opinión pública. Según su versión, ello derivó en la activación de una comisión investigadora que actualmente estaría utilizando recursos públicos —económicos, humanos y logísticos— para indagar presuntas irregularidades que, hasta la fecha, no habrían sido acreditadas.

El gobernador afirmó que esta situación compromete innecesariamente recursos del Estado, al no existir evidencia técnica que sustente la existencia de las 32 obras paralizadas atribuidas a su administración. Según indicó, la fiscalización debe basarse en datos verificables y no en afirmaciones que, en su opinión, responden a intereses políticos.

Exigencia de sustento técnico y rectificación pública
Finalmente, el gobernador regional informó que ha exigido formalmente a la congresista Elizabeth Medina Hermosilla que, en un plazo de cinco días hábiles, sustente técnica, legal y documentadamente la existencia de las supuestas 32 obras paralizadas atribuidas a la actual gestión. De acuerdo con lo manifestado, esta solicitud incluye la identificación de cada proyecto, su código único de inversión, el estado real de ejecución y la fuente oficial de verificación.

Pulgar Lucas también solicitó que la parlamentaria rectifique públicamente sus declaraciones ante el pleno del Congreso de la República y ante la población huanuqueña. Según expresó, esta rectificación sería necesaria por haber inducido a error a la representación nacional con información que calificó como falsa y tendenciosa. La autoridad regional reiteró que el ejercicio de la función fiscalizadora debe sustentarse en datos objetivos y verificables.

Informe de Obras Públicas Paralizadas
La Contraloría General de la República registra cinco obras públicas paralizadas a cargo del Gobierno Regional de Huánuco, de acuerdo con el cuadro de “Principales obras públicas paralizadas en Huánuco” del informe actualizado a setiembre de 2025. Según el documento, estas corresponden a la construcción del puente Tingo María–Castillo Grande, el mejoramiento de la transitabilidad de la avenida Héroes de Jactay y la avenida Circunvalación, la creación del camino vecinal Monopampa–Abra Alegría–Shotoj–Puente Choropampa, el mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud de Monzón y la construcción del camino vecinal Ishanca–Taparaco–km 35. Las causales de paralización consignadas incluyen discrepancias contractuales y arbitraje, disponibilidad de terreno e incumplimiento de contrato, conforme figura en el registro oficial.

De manera global, la Contraloría reporta que en la región Huánuco existen 80 obras públicas paralizadas al 30 de setiembre de 2025. De ese total, cinco corresponden al Gobierno Regional de Huánuco, cuatro están a cargo del Gobierno Nacional —principalmente a través de entidades como Provías Descentralizado y programas sectoriales— y 72 obras recaen en gobiernos locales, es decir, municipalidades provinciales y distritales. Esta distribución evidencia que la mayor concentración de proyectos paralizados en Huánuco se encuentra bajo responsabilidad municipal, según el inventario oficial del sistema Infobras y el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.