El fiscal Sergio Quispe Flores, de la Fiscalía Penal Corporativa de San Marcos, en la provincia de Huari, departamento de Ancash, con fecha 6 de julio, abrió diligencias preliminares contra el alcalde provincial de Huamalíes Ciro Trinidad Rojas y 6 alcaldes de centros poblados a quienes la Minera Antamina los denunció por supuestos daños materiales ocasionados a sus instalaciones durante el paro efectuado los días 25 y 26 de mayo del presente año. Se reportaron daños producidos en la Estación de Monitoreo de Presión PMS-1, en la Estación de Monitoreo Ambiental Huayaucocha, la caballeriza de Vinchos, la torre de alta tensión n.º 101-L-2286 e incendio de 30 hectáreas de pastos en un cerro ubicado en la carretera Conococha-Antamina.
El fiscal ha dado un plazo de 60 días para las investigaciones y ha citado al representante legal de Antamina, a un ciudadano John Dalen Contreras, al alcalde Ciro Trinidad, al procurador en delitos de Orden Público e inexplicablemente le pide peritaje de parte a la propia Minera Antamina por los daños ocasionados, cuando ello debió efectuarlo la propia fiscalía, lo que evidencia una parcialización en la investigación fiscal.
Asimismo, la fiscal Julissa de la Vega Bonifaz, de la Fiscalía Penal Provincial Corporativa de San Marcos-Huari, ante la investigación de la Fiscalía Provincial de Huamalíes, que les fue remitida mediante un oficio hasta la Fiscalía de San Marcos, ha determinado acumular en la investigación del fiscal Sergio Quispe Flores. A la luz de los hechos analizados, pareciera que la fiscalía en las diligencias preliminares ya decidió la culpabilidad del alcalde provincial y de los seis alcaldes de centros poblados.
Alcalde: “Antamina debe esclarecer esta denuncia”
Consultado el alcalde provincial sobre el tema, esclareció que él no convocó al paro ni tampoco participó en las movilizaciones. Manifestó que, en las próximas reuniones con la Minera Antamina, le pedirá aclarar esta denuncia que ensombrece el diálogo iniciado para que retire la denuncia. Reconoció que el no puede ser ajeno a las demandas de la población por lo que asumirá su defensa y de los alcaldes de centros poblados a quienes se pretende denunciarlos.
