Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez se defienden del proceso disciplinario que se les abrió en su contra en el 2023.
Vela y Pérez habían presentado unas 22 pruebas para que la autoridad tome en cuenta como parte del proceso administrativo. Precisamente, entre ellas se incluían las grabaciones completas de las entrevistas que brindaron en el 2019, así como testimonios de periodistas, otros exintegrantes del Tribunal Constitucional.
No obstante, la ANC determinó que al iniciar el procedimiento administrativo contra los dos fiscales solo admitieron pruebas que consideraron eran útiles y pertinentes por tener relación con los hechos atribuidos, pero que esto no impedía que pudieran sumar más elementos de convicción.
“La actividad probatoria de la autoridad administrativa debe ser oficiosa e incorporar todo hecho notorio o relevante que sea menester para aplicar la voluntad de la ley, información pública que obra en entidades estatales, hechos o pruebas que sean de público conocimiento, que estén en expedientes paralelos o distintos, que la Administración conozca de su existencia y pueda verificarlos”, se precisa en una resolución del pasado 5 de julio de la ANC.
