La congresista Ana Zegarra, representante de la bancada Somos Perú, ha anunciado su decisión de emprender acciones legales contra la empresaria Blanca Ríos, tras las acusaciones vertidas en su contra a través de diversos medios de comunicación. Estas acusaciones la vinculan con una presunta trama de pagos irregulares destinados a favorecer la inclusión de ciertas obras dentro de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Este anuncio se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y la influencia de intereses particulares en las decisiones legislativas. La Comisión de Presupuesto, clave en la asignación de recursos estatales, ha sido históricamente objeto de controversia y acusaciones de tráfico de influencias.
Según la investigación publicada por “Panorama”, la empresaria Ríos afirma la existencia de un esquema de pagos ilícitos destinados a asegurar la aprobación de proyectos específicos en la Comisión de Presupuesto, durante el periodo en que el actual presidente del Congreso, José Jerí, la presidía.
La congresista Zegarra, visiblemente afectada por las acusaciones, defendió su integridad y el trabajo realizado durante su gestión. “No se puede poner en tela de juicio mi trabajo por falsedades y por una persona que no presenta ninguna evidencia”, declaró Zegarra ante la prensa en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. Además, retó públicamente a Ríos a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones, reiterando su disposición a defender su honor en los tribunales.
La legisladora también se refirió al caso de Nahum Hidalgo, asesor parlamentario que fue separado de su cargo tras conocerse la investigación periodística. Zegarra explicó que Hidalgo se unió a su equipo tras asumir la curul en reemplazo del fallecido Hitler Saavedra, debido a su conocimiento de las labores parlamentarias. Sin embargo, ante la gravedad de las acusaciones, se le solicitó dar un paso al costado para facilitar las investigaciones y garantizar la transparencia del proceso.
Zegarra buscó distanciarse de cualquier acto irregular y enfatizó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, este caso se suma a otras controversias que rodean a la congresista, incluyendo revelaciones sobre sentencias condenatorias previas.
En respuesta a las informaciones difundidas por “Cuarto Poder” sobre sus antecedentes penales, Zegarra admitió haber enfrentado procesos judiciales por falsedad ideológica, falsificación de documentos y falsa declaración. Explicó que estos casos se originaron en trámites relacionados con la inscripción de su hija, específicamente una “duplicidad de partida” debido a la ausencia del padre en la primera inscripción y un posterior registro en Iquitos. Zegarra aseguró haber cumplido con todas las exigencias legales y se mostró dispuesta a colaborar con cualquier investigación al respecto.
La situación actual plantea interrogantes sobre la integridad del proceso legislativo y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el Congreso. Las acciones legales anunciadas por la congresista Zegarra podrían aportar mayor claridad sobre las acusaciones y determinar la veracidad de las mismas. La opinión pública se mantiene atenta al desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas para la credibilidad de la clase política y la confianza en las instituciones democráticas.
