El Congreso de la República de Perú tiene pendiente debatir el polémico proyecto de ley que busca conceder amnistía a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y otros funcionarios del Estado implicados en presuntos delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Esta iniciativa, impulsada por el congresista Jorge Montoya, actualmente parte del grupo parlamentario Honor y Democracia, ha generado intensas discusiones y críticas tanto dentro como fuera del país.
El proyecto, identificado como el n.º 7549-2023-CR, fue presentado en abril de este año por Montoya, quien argumenta que después de más de 24 años de estos hechos, es necesario aplicar el principio de “plazo razonable” en las investigaciones y procesos penales. La Comisión de Constitución, presidida por el legislador Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, debía discutir el proyecto el martes 15 de octubre. Sin embargo, debido a un pedido de reprogramación solicitado por Montoya por motivos de salud, el debate fue pospuesto y ahora se prevé que tenga lugar el próximo martes 29 de octubre.
Posturas enfrentadas
Mientras que el dictamen justifica la amnistía como un medio para regularizar la situación de aquellos que defendieron el orden constitucional y democrático durante los años más duros de la lucha contra el terrorismo, la propuesta ha sido fuertemente criticada por diversos sectores. Partidos como Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y Bloque Democrático Popular han expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que no es saludable para el país aprobar una ley de este tipo sin un análisis exhaustivo de las consecuencias. Acción Popular, por su parte, ha manifestado que el proyecto debe ser analizado con responsabilidad.
Jo-Marie Burt, politóloga y profesora de la Universidad George Mason, es una de las voces más críticas respecto a la posible aprobación de este proyecto. Burt sostiene que la iniciativa busca favorecer a personas implicadas en violaciones de derechos humanos, calificando el proyecto de ley como un resurgimiento del “montecinismo”, en referencia a las políticas de amnistía promovidas por el régimen de Alberto Fujimori en el pasado. También destacó el apoyo que Montoya brindó al autogolpe de 1992, lo que, según Burt, subraya su cercanía a figuras y políticas del pasado que son ampliamente cuestionadas.
Preocupación internacional
El proyecto de amnistía también ha despertado preocupación a nivel internacional. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al Perú que informe sobre las medidas adoptadas para garantizar que la ley no vulnere los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas. En un comunicado emitido el 9 de octubre, la ONU invitó al Estado peruano a participar en un “diálogo constructivo” sobre este tema, que se llevará a cabo en marzo de 2025, durante el 28.º periodo de sesiones del organismo.
La preocupación de la ONU se centra en que la propuesta legislativa podría permitir la prescripción de delitos de lesa humanidad, limitando las capacidades del Estado para investigar y enjuiciar crímenes cometidos antes del año 2002. Diversos expertos han advertido que la aprobación de esta ley podría abrir la puerta a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
El camino hacia la decisión final
A pesar de las críticas, el proyecto sigue avanzando en el Congreso. La discusión programada para el 29 de octubre será un momento crucial para definir su futuro. Si bien la ley podría otorgar un cierre legal para muchos involucrados en la lucha contra el terrorismo, también enfrenta la posibilidad de exacerbar las tensiones en torno a la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos cometidos en ese periodo. Según portal de Infobae, de autoría de Jordan Arce.
