Amnistía Internacional presentó su informe final “Racismo Letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, donde lograron documentar al detalle un total de 52 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, durante las manifestaciones contra el Gobierno Dina Boluarte.
En esa línea, Amnistía Internacional instó al Congreso a “derogar la Ley 31012, Ley de Protección Policial, y asegurar que la legislación vigente se encuentre en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.
Tras las visitas de investigación en Lima, Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas y Chincheros, Amnistía documentó 25 casos de personas fallecidas, entre ellos seis menores de edad.
“20 de estas muertes presentan elementos que configuran una ejecución extrajudicial, ya sea por el tipo de munición utilizada, la zona de las lesiones, la aparente indefensión de las víctimas en el momento de la muerte y la mecánica de los hechos observada en videos e imágenes y relatada por testigos”, precisa el informe.
