La denuncia por acoso sexual presentada por Tirsa Portanova, una joven publicista, contra un socio del Country Club de Villa en Chorrillos, ha escalado a un conflicto mayor. El incidente, que tuvo lugar el pasado 3 de mayo mientras Portanova trabajaba como anfitriona en un evento, ha generado una controversia pública sobre la gestión del club ante este tipo de situaciones y la protección de los derechos de la víctima. La falta de celeridad en la entrega de la identidad del presunto agresor y la posterior comunicación del club amenazando con acciones legales por difamación han suscitado críticas sobre su manejo del caso. Este incidente se suma a una creciente preocupación por la seguridad y el respeto hacia las mujeres en espacios sociales y laborales.
Según la investigación publicada por El Comercio, a casi cinco días de la denuncia, el Country Club de Villa aún no ha facilitado a Tirsa Portanova la identidad del socio acusado de acoso, pese a que las cámaras de seguridad del club lo identificaron. La controversia se centra en un incidente ocurrido el 3 de mayo, cuando Portanova, mientras trabajaba como anfitriona, fue presuntamente grabada debajo de su falda por un hombre mayor que se acercó a pedirle una cerveza.
El club, en un comunicado a El Comercio, se comprometió a entregar a la policía tanto los videos de seguridad como la identificación del presunto agresor, negando las acusaciones de haber amenazado a Portanova. Sin embargo, la joven denunció a través de redes sociales haber recibido una comunicación del club que insinuaba posibles acciones legales en su contra por difamación, a pesar de ser ella quien solicitó ayuda para obtener la información del agresor. Portanova presentó la denuncia formal ante la comisaría de Chorrillos el mismo día del incidente.
Según su relato, un hombre de unos 60 años la grabó con su celular debajo de la falda, acción que fue observada por su encargada. Tras solicitar las imágenes de seguridad, confirmaron que el agresor era un socio del club. A pesar de ello, la información no le fue proporcionada de inmediato, generando frustración y la percepción de encubrimiento por parte de la administración del club. El gerente de experiencia al asociado, Giancarlo Palmieri, inicialmente ofreció apoyo, pero la situación escaló tras la intervención del gerente general, Sandro Pezo, quien solicitó la denuncia por correo electrónico.
La respuesta formal del Country Club de Villa, a través de una carta, justificó la retención de la identidad del denunciado amparándose en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733), argumentando la necesidad de autorización del titular o una orden judicial. Esta postura ha sido interpretada por Portanova como una obstrucción a su búsqueda de justicia. Adicionalmente, el club señaló que carecen de pruebas fehacientes aportadas por la denunciante, y considera que las declaraciones públicas de Portanova son “injustas” e “irreales”, reservándose el derecho de iniciar acciones legales por difamación.
En respuesta, Portanova ingresó una carta notarial al club el domingo anterior, solicitando formalmente la información y estableciendo un plazo de siete días. Además, confirmó que la comisaría de Chorrillos también ha solicitado formalmente las cámaras y el registro del agresor. La comunicación entre Portanova y el club ha sido limitada, siendo el gerente general, Sandro Peso, el único contacto vía WhatsApp, quien confirmó que el agresor es socio del club. La joven ha expresado su frustración por la falta de empatía y apoyo por parte del club, considerando que su objetivo inicial era encontrar al agresor y buscar justicia, pero ahora también considera acciones legales contra el Country Club de Villa por el manejo de la situación.
El Country Club de Villa, por su parte, asegura estar colaborando con la investigación policial, entregando la información requerida dentro de los plazos legales. Los requerimientos incluyen las grabaciones de las cámaras de seguridad, la relación de participantes en el campeonato de frontón del 3 de mayo y la identificación del presunto agresor. En cuanto a la carta enviada a Portanova, el club niega haber realizado amenazas, justificando su comunicación como una explicación de las restricciones legales sobre la divulgación de datos personales. El club reitera su política de tolerancia cero frente al acoso y su interés en esclarecer el caso con celeridad y transparencia, respetando el marco legal. El caso se encuentra ahora bajo investigación del Ministerio Público, que deberá determinar si existió encubrimiento por parte del club.
