Más de 139 familias del barrio 30 de Julio en Ambo insisten en regresar a sus viviendas, a pesar de que la zona ha sido declarada inhabitable por el riesgo de deslizamientos. Así lo informó el alcalde provincial, Cayo Leónidas Santiago Campos, quien explicó que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ratificó, a través de un informe técnico, que el área no puede ser ocupada debido a la inestabilidad del suelo y a la posibilidad de nuevos deslizamientos que comprometerían la seguridad de la población.
Ratifican inestabilidad del terreno
De acuerdo con Santiago Campos, el documento de INGEMMET fue emitido en el marco del Procedimiento Ordinario Minero y de conocimiento geológico del territorio nacional. En este, los especialistas concluyeron que el barrio 30 de Julio es un espacio inadecuado para habitarse. Según el alcalde, el informe deja claro que la permanencia de familias en el sector supondría un riesgo latente, especialmente durante la temporada de lluvias.
“La población quiere regresar a su terreno y a sus casas, pero no podemos permitirlo porque el informe técnico señala que la zona es inhabitable”, declaró la autoridad. Asimismo, agregó que el municipio ha contratado una evaluación adicional (EVAR), cuyos resultados coinciden en que el área no es segura.
El alcalde también manifestó que el Ministerio de Vivienda ha iniciado la entrega de bonos para los damnificados, aunque reconoció que la reubicación definitiva aún no está garantizada por falta de un terreno adecuado.
Dificultades para la reubicación de familias
Respecto a la reubicación de las más de 139 familias afectadas, Santiago Campos precisó que hasta el momento no existe un terreno definido. Explicó que se han discutido opciones en Quicacán y Zipiruay, ambos de propiedad del Gobierno Regional de Huánuco, pero no se ha confirmado su disponibilidad.
“El municipio no cuenta con terrenos propios. Estamos esperando que el Gobierno Regional confirme la disposición de Quicacán o Zipiruay como posibles espacios de reubicación”, indicó. El alcalde recordó que en un primer momento se propuso trasladar a los damnificados al sector conocido como Ponga, pero advirtió que se trata de un predio privado cuyo precio se ha triplicado en los últimos meses, pasando de 20 o 30 soles a 150 soles por metro cuadrado. “No podemos reubicar allí porque es una propiedad privada y el costo resulta inviable”, añadió.
La falta de alternativas concretas mantiene en incertidumbre a las familias, que en su mayoría prefieren regresar a sus terrenos originales, pese a las advertencias técnicas.
Población insiste en retornar pese al riesgo
Según el alcalde, la resistencia de los pobladores se explica por el arraigo a sus propiedades y la percepción de que el peligro puede no ser inmediato. “La gente está preocupada y quiere volver a sus terrenos, pero el riesgo continúa. El barrio ya está declarado inhabitable y no es posible autorizar el retorno”, subrayó.
El burgomaestre señaló que las reuniones con la plataforma de defensa civil y con el Gobierno Regional buscan fijar fechas para intervenciones que mitiguen riesgos inmediatos, como la remoción de material suelto. En el caso del barrio Milagritos, colindante a 30 de Julio, indicó que se trabaja en retirar la masa de tierra colgada que podría deslizarse durante la temporada de lluvias.
Otros barrios en situación crítica
El problema de inestabilidad no se limita al barrio 30 de Julio. Según el alcalde, informes recientes también advierten riesgos en las zonas de Mesapata y Andahuaylla. En el caso de Mesapata, los técnicos alertaron que un eventual deslizamiento podría generar represamiento y desembalse que afectaría directamente al río Huallaga.
“El informe de Mesapata es semejante al de 30 de Julio. La diferencia es que Mesapata está asentado en una mesa y podría aguantar más, pero el riesgo sigue presente”, detalló Santiago Campos. En tanto, sobre Andahuaylla, explicó que los vecinos continúan edificando viviendas cerca de un riachuelo pese a las advertencias, lo que aumenta la vulnerabilidad de la zona.
El alcalde sostuvo que coordina con el gobernador regional para elaborar perfiles y expedientes técnicos que permitan diseñar defensas ribereñas y medidas de mitigación.
El dato
El futuro de las más de 139 familias de 30 de Julio depende de las decisiones que adopte el Gobierno Regional sobre los terrenos de Quicacán y Zipiruay. Mientras tanto, la municipalidad de Ambo ha pedido paciencia a los pobladores y ha insistido en que no se puede autorizar un retorno a un lugar declarado inhabitable.
