La Amazonía se aproxima a un umbral peligroso que ya no admite eufemismos ni miradas complacientes. Lo que ocurre hoy en este vasto territorio no es solo un problema ambiental, sino una crisis estructural donde confluyen crimen organizado, economías ilícitas y una alarmante ausencia del Estado. La expansión acelerada de la minería ilegal de oro y del narcotráfico está empujando al mayor bioma del planeta hacia un punto de no retorno cuyas consecuencias no se limitarán a la región, sino que afectarán al equilibrio climático global.
Los datos son contundentes. El incremento sostenido del precio internacional del oro ha convertido a la Amazonía en un botín disputado por redes criminales que operan con impunidad creciente. Miles de focos de minería ilegal han surgido en zonas protegidas y territorios indígenas, dejando a su paso ríos contaminados con mercurio, bosques devastados y comunidades atrapadas entre la violencia y la economía ilegal. No se trata de hechos aislados, sino de un sistema articulado que combina extracción ilícita, acaparamiento de tierras, tala ilegal y narcotráfico.
El avance del cultivo de coca en áreas amazónicas confirma que el narcotráfico ya no es un fenómeno periférico, sino un actor central en la transformación del territorio. Estas economías no solo destruyen el bosque: consolidan una forma de “gobernanza criminal” que reemplaza al Estado, impone reglas por la fuerza y silencia a quienes defienden la tierra y el medio ambiente. Más de mil defensores asesinados en poco más de una década son una cifra que debería avergonzar a los gobiernos de la región y a la comunidad internacional.
Resulta particularmente grave que, en foros globales sobre cambio climático, el crimen organizado siga siendo tratado como un tema secundario o, peor aún, ignorado. Sin enfrentar de manera directa a las redes que lucran con la destrucción de la Amazonía, cualquier discurso sobre conservación o reducción de emisiones queda vacío. No se puede proteger el bosque mientras se tolera —por acción u omisión— que economías ilegales dicten el destino de regiones enteras.
La Amazonía no está colapsando por falta de diagnósticos, sino por falta de decisiones políticas firmes y coordinadas. Combatir esta crisis exige más que operativos esporádicos: requiere presencia estatal real, control efectivo del territorio, protección a las comunidades indígenas y una estrategia internacional que ataque las finanzas del crimen organizado. Cada año de inacción acerca más al mundo a perder uno de sus principales reguladores climáticos.
El mensaje es claro y urgente. Defender la Amazonía hoy no es una causa romántica ni exclusiva de ambientalistas; es una responsabilidad histórica. Permitir que el oro ilegal y la cocaína sigan marcando el rumbo del bosque equivale a aceptar, en silencio, una derrota cuyas consecuencias serán irreversibles.
