En mérito a una orden judicial, se ejecutó el allanamiento a la celda de Miguel Robín Flores Canares, interno del penal de máxima seguridad Ancón I, quien cumple una condena de cadena perpetua por robo agravado con subsecuente muerte. Pese a su situación legal, el interno es investigado en Huánuco por su presunta vinculación con un caso de extorsión contra una comerciante de la galería Huallayco.
La intervención formó parte de un operativo simultáneo que incluyó el registro de tres viviendas en Huánuco y Cayhuayna, donde fueron detenidos Jhan Antonio Ramos Rojas (19) y Julio César Canares (24), ambos investigados por el delito de extorsión en agravio de la dueña del local Danamart Galery. En dichos inmuebles se incautaron más de 50 mil soles en efectivo, material explosivo, un vehículo, 14 celulares, un router y otros indicios.
En el penal de Ancón I, las diligencias permitieron el secuestro de documentos y prendas de vestir que podrían vincular a Flores Canares con los hechos ocurridos en Huánuco, entre ellos un buzo plomo, similar al usado por uno de los sujetos que dejó un explosivo en la puerta de la galería. Este atentado ocurrió la madrugada del 6 de marzo, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta abandonaron un artefacto artesanal que detonó segundos después, como parte de las amenazas extorsivas.
El caso se enmarca en la investigación contra la presunta organización criminal denominada “Las manos largas”, señalada de atemorizar a comerciantes huanuqueños con amenazas y atentados para exigir pagos ilegales. Según fuentes judiciales, la investigación a Flores Canares se reforzó tras su detención en marzo, cuando agentes hallaron un celular en su poder; el análisis de sus comunicaciones habría revelado conexiones con otros investigados en la trama.
La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para los dos detenidos en Huánuco, mientras continúan las pesquisas para esclarecer la magnitud de la red criminal y la participación de quienes, pese a estar recluidos, mantendrían vínculos activos con actividades ilícitas.
Este caso ha generado alarma en el sector comercial local, donde la extorsión y el cobro de cupos se han convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad y al desarrollo económico.
