El avance de la minería ilegal en comunidades amazónicas de Huánuco y la reasignación de recursos públicos destinados a salud e infraestructura vial fueron cuestionados por un consejero regional, quien advirtió impactos ambientales visibles y decisiones presupuestales que, según su evaluación, no estarían beneficiando de manera directa a la población, especialmente en provincias alejadas como Marañón.
De acuerdo con lo manifestado por Dante Tarazona, consejero regional por la provincia de Marañón, la expansión de actividades mineras informales estaría generando procesos acelerados de deforestación en zonas de la selva huanuqueña. Según indicó, esta situación ha sido observada durante visitas de fiscalización realizadas en distintas comunidades, donde también se vienen impulsando, con dificultades, algunos proyectos de reforestación promovidos por el Estado y otras entidades.
Tarazona señaló que, conforme a lo constatado en campo, en localidades como Tahuantinsuyo y Campo Verde se ha identificado la presencia de maquinaria pesada vinculada a la extracción minera. Según relató, durante una visita efectuada el año pasado pudo observar retroexcavadoras operando en áreas colindantes a comunidades nativas, lo que evidenciaría un proceso de deforestación que, a su criterio, debería ser atendido mediante una estrategia ambiental clara por parte del Gobierno Regional.
Avance de la minería y falta de control ambiental en la selva huanuqueña
En relación con el debate político en torno a la minería, el consejero manifestó que, según su opinión, el país mantiene una tradición minera que incluye a la minería artesanal. No obstante, precisó que, de acuerdo con su postura, el problema radica en aquellas actividades que se desarrollan sin responsabilidad ambiental. Conforme expresó, estas prácticas estarían afectando bosques, ríos y fuentes de agua, por lo que consideró necesario que quienes aspiran a cargos públicos presenten propuestas orientadas a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
En el ámbito presupuestal, Tarazona también cuestionó las cifras de ejecución del gasto regional difundidas recientemente. Según indicó, si bien se ha informado que el Gobierno Regional habría alcanzado un 98 % de ejecución presupuestal, explicó que una parte significativa de esos recursos correspondería a montos certificados pero no necesariamente devengados ni ejecutados. De acuerdo con su apreciación, esto implicaría que el dinero aún no se traduce en obras concretas para la población.
El consejero detalló que el presupuesto inicial para proyectos de inversión pública habría superado los 460 millones de soles. Sin embargo, según explicó, parte de estos recursos fueron transferidos a otras entidades, como la Autoridad Nacional de Infraestructura, o destinados a fondos de contingencia y modificaciones presupuestales, lo que habría reducido el impacto directo en las provincias.
Compras de maquinaria y proyectos postergados, según consejero
Tarazona afirmó que una de las decisiones más cuestionadas, según su evaluación, fue la compra de maquinaria pesada por parte del Gobierno Regional. De acuerdo con sus declaraciones, esta adquisición habría implicado la reasignación de recursos originalmente destinados a otros proyectos, como la compra de 15 ambulancias para distintas provincias, las cuales, según indicó, no se habrían concretado desde el año 2023.
Asimismo, señaló que proyectos viales como el camino vecinal Yanajanca–La Perla–Tres de Mayo, en la provincia de Marañón, habrían sufrido recortes presupuestales superiores a los tres millones de soles para financiar la compra de maquinaria. Según expresó, esta práctica de trasladar recursos de un proyecto a otro genera incertidumbre sobre el beneficio final para la población.
En cuanto a la situación de las vías de comunicación, el consejero manifestó que, de acuerdo con su apreciación, existen carreteras regionales y nacionales en condiciones críticas. Citó como ejemplo la vía que conecta Santa Eulalia con San Monumento, la cual, según indicó, se encontraría deteriorada desde hace más de un año sin una atención efectiva, pese a contar con maquinaria adquirida por el Gobierno Regional.
Finalmente, Tarazona sostuvo que, conforme a su posición, el Gobierno Regional debería asumir un rol más activo en la articulación con entidades nacionales como Provías Nacional para exigir la atención de vías estratégicas que, según indicó, llevan más de siete años esperando intervención. De acuerdo con sus declaraciones, esta falta de respuesta estaría afectando directamente a poblaciones de Huánuco, Huacrachuco y San Buenaventura, que dependen de estas rutas para su desarrollo económico y social.
