El río Yuyapichis, en la Amazonía de Huánuco, enfrenta una crisis ambiental atribuida a la expansión de la minería ilegal. Diversos estudios de conservación han advertido que la actividad aurífera ha reducido drásticamente su caudal y generado aguas con mal olor, impregnadas de residuos de petróleo y sedimentos. Habitantes de la zona consultados por OjoPúblico afirmaron que el cauce del río “prácticamente ha muerto” debido al uso de retroexcavadoras, que reemplazaron a las dragas desde 2023, intensificando la devastación del ecosistema.
Según la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), la presión por la demanda internacional de oro ha convertido a la Amazonía en uno de los principales focos de explotación ilícita en el Perú. En Huánuco, este fenómeno se refleja en la proliferación de concesiones mineras registradas en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), muchas de ellas en zonas sensibles como riberas y áreas de amortiguamiento de reservas naturales.
Petitorios mineros y áreas superpuestas en la región
De acuerdo con la información recopilada, hasta octubre de 2024 Huánuco acumulaba 355 petitorios mineros, de los cuales 241 ya habían recibido título de concesión. El Decreto Legislativo 1100 prohíbe el uso de dragas y equipos similares en los ríos amazónicos, pero los testimonios recogidos indican que las restricciones legales no se cumplen en la práctica. Otros 98 pedidos se encuentran en trámite y 16 fueron extinguidos, aunque especialistas advierten que la magnitud de solicitudes revela la fuerte presión extractiva sobre el territorio.
Un análisis realizado por ACCA precisó que 14 de los 355 petitorios están vinculados al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Para Sidney Novoa, investigador de esta institución, esa coincidencia evidencia conocimiento previo sobre la presencia de minerales y actúa como incentivo para continuar con la explotación, ya sea en condición ilegal o informal. El mismo reporte destacó que Huánuco es la segunda región amazónica más afectada por deforestación y contaminación por mercurio, después de Loreto.
El proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) informó que, hasta julio de 2024, más de 500 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, que abarca territorios de Huánuco y Pasco, habían sido impactadas por la actividad minera. En esa área también funciona la estación de investigación de la ACP Panguana, un espacio creado en 2011 por Juliane Köpcke y Michael Niessner. La institución alertó públicamente que retroexcavadoras continúan destruyendo tramos del río Yuyapichis.
Cancelación de solicitudes y un título aún vigente
OjoPúblico identificó que en el caso del río Yuyapichis se presentaron cinco solicitudes de concesión para actividad metálica ante el Ingemmet. Cuatro fueron canceladas en 2024 luego de advertencias del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), que señaló que las áreas se superponían a la Reserva Comunal El Sira. Tres de esos pedidos fueron presentados por dos mujeres con lazos familiares en Madre de Dios, que consignaron la misma dirección fiscal en sus documentos.
Sin embargo, una de las solicitudes permanece vigente: se trata de una concesión registrada en 1972 por la Compañía Minera El Shira, la cual sigue apareciendo en el sistema del Ingemmet como título activo. Esta situación genera cuestionamientos entre especialistas ambientales, quienes insisten en la necesidad de revisar concesiones antiguas que hoy se ubican en zonas catalogadas como sensibles.
Limitaciones de las autoridades y respaldo comunitario
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali reconoció que la minería aurífera es la segunda actividad ilícita más extendida en la zona, después del cultivo de hoja de coca. Funcionarios del Ministerio Público indicaron que se han realizado operativos en Yuyapichis, pero también admitieron que la institución carece de embarcaciones propias, lo que dificulta los operativos de interdicción en ríos y quebradas.
A ello se suma, según representantes fiscales, el respaldo que algunos mineros reciben de comunidades locales, interesadas en los ingresos económicos que deja la explotación. Estas condiciones llevaron al Ministerio Público a solicitar al Gobierno Regional de Huánuco que se declare en emergencia el distrito de Puerto Inca. La petición fue trasladada a la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque hasta el cierre de esta edición no se informó de una respuesta oficial.
Debate político en torno a la formalización minera
El escenario ambiental se complica con el debate político sobre la formalización minera. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó el 18 de agosto que una mesa técnica había logrado consenso en once puntos básicos para una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). Según lo adelantado por el ministerio, la propuesta no contempla una ampliación del Reinfo, registro utilizado por mineros informales desde 2012.
No obstante, en el Congreso se impulsan iniciativas en sentido contrario. El 3 de septiembre, la Comisión de Economía incluyó en su agenda un dictamen que acumula 13 proyectos legislativos y que planteaba prorrogar el Reinfo hasta 2026. Aunque el documento todavía no se debatía, su redacción anticipaba la aprobación de la medida, lo que generó controversias.
El presidente de la comisión, Víctor Flores, de Fuerza Popular, sostuvo que el tema requería un estudio más profundo por parte de asesores y especialistas, e informó que se instalarán nuevas mesas de trabajo. Hasta el momento, el futuro del registro y la regulación de la pequeña minería continúa en discusión, mientras el río Yuyapichis permanece en estado crítico según las organizaciones ambientales y de conservación.
El reportaje fue escrito por Jackeline Cárdenas y Gianfranco Huamán.
LEYENDA
Foto: ACP Panguana
