La situación de la carretera Pasco–Tingo María vuelve a colocarse en escenario de alerta, luego de que Víctor Zevallos, presidente de la Comisión de Gestión y Fiscalización, anunciara su renuncia junto a los otros dos integrantes de dicho grupo. Según declaró el dirigente, la decisión se debe a la “falta de apoyo y de cumplimiento institucional” por parte del Gobierno Regional de Huánuco y del Gobierno Central, a quienes atribuye una actitud pasiva frente a una vía que presenta más de 50 kilómetros en estado crítico.
Zevallos aseguró que la comisión ciudadana ya cumplió con su responsabilidad inicial, al haber logrado —según afirmó— la firma del contrato, la entrega del terreno y el desembolso de adelantos. Lo pendiente, indicó, corresponde exclusivamente a Provías Nacional, entidad encargada de exigir a la empresa contratista el inicio inmediato de obra y la supervisión del cumplimiento contractual.
El dirigente sostuvo que la paralización se agrava por la llegada del periodo de lluvias entre diciembre y abril, lo cual, de acuerdo con sus declaraciones, “pone en riesgo aún mayor la transitabilidad”. Zevallos señaló que, pese a la existencia de un contrato por más de S/ 17 millones destinado a atender puntos críticos, no se ha observado una intervención efectiva.
Cuestiona supervisión de Provías
Durante sus declaraciones, Zevallos afirmó que la entrega del terreno se realizó hace aproximadamente 10 días, y que, según el acta suscrita, la empresa debía iniciar trabajos “al día siguiente”. Sin embargo, indicó que no existe avance real y que lo único visible hasta el momento ha sido “un estudio topográfico y fotografías”, lo cual calificó como insuficiente para considerarse un inicio de obra.
El dirigente cuestionó además que Provías Nacional haya difundido imágenes en redes sociales presentadas como avances, pese a que —según dijo— no existe ejecución efectiva. Para Zevallos, estas publicaciones “generan una percepción engañosa” sobre la situación de la carretera.
Asimismo, señaló que el consorcio Santa Rosa, responsable de la intervención por emergencia, solo tendría capacidad para atender alrededor de 10 kilómetros, una cifra que, según estimó, resulta mínima frente a los más de 50 kilómetros críticos que requieren intervención urgente.
Exige fiscalización técnica
Zevallos enfatizó que la comisión ciudadana no posee formación técnica para evaluar materiales, espesores de asfalto o especificaciones de ingeniería, motivo por el cual invocó al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) a asumir un rol activo en la vigilancia técnica de la obra. Según explicó, la falta de conocimientos especializados podría permitir que la comisión “sea engañada”, motivo por el cual considera indispensable una supervisión profesional independiente.
El dirigente también atribuyó responsabilidad directa a diversas autoridades. De acuerdo con sus declaraciones, el gobernador regional Antonio Pulgar, así como los alcaldes de Huánuco, Tingo María y Ambo, no habrían ejercido una presión efectiva para acelerar los trabajos. Zevallos afirmó que los congresistas, ministros y viceministros tampoco han intervenido con firmeza en un problema que requiere decisiones de alto nivel.
Finalmente, lamentó que —según dijo— la falta de atención estatal haya dejado a la ciudadanía “sola” en la defensa de una vía fundamental para la conectividad regional, y advirtió que, de no iniciarse la intervención en los próximos días, la carretera podría deteriorarse aún más durante la temporada de lluvias.
