El expresidente peruano Alejandro Toledo podría enfrentar más de 20 años de prisión tras la ratificación de la Fiscalía de la República de la condena solicitada en su contra por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, reiteró este lunes la petición de 20 años y 6 meses de cárcel por haber recibido supuestamente un soborno de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de otorgar la concesión de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.
Durante su intervención en el juicio oral, el fiscal Pérez aseguró que “no quedan dudas” de que Toledo debe ser condenado, destacando el testimonio del fallecido empresario israelí Josef Maiman, quien admitió haber recibido la mayor parte del soborno en cuentas de sus empresas. Según Pérez, Toledo se benefició directamente de estos pagos, ya que Maiman habría utilizado parte de ese dinero para pagar la hipoteca de una propiedad del expresidente en Lima.
En un momento tenso de la audiencia, Toledo interrumpió con indignación al escuchar las acusaciones de Pérez, preguntando: “¿A quién solicité yo?”. Los jueces tuvieron que intervenir para calmar al exmandatario, advirtiéndole que sería expulsado si no mantenía la compostura. La jueza Inés Rojas le recordó que tendría oportunidad de defenderse más adelante y que debía guardar silencio mientras el Ministerio Público presentaba sus alegatos.
Sobornos y pruebas de la Fiscalía
El fiscal Pérez destacó en su exposición que las bases del proyecto Interoceánica Sur fueron modificadas para favorecer a Odebrecht, lo que violó las obligaciones de Toledo como jefe de Estado. Según el testimonio de Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, y de Maiman, Toledo habría solicitado personalmente los sobornos y continuado recibiendo pagos varios años después de concluir su mandato presidencial. Estas declaraciones forman parte de las principales pruebas de la acusación.
De acuerdo con la información proporcionada por Infobae, bajo la autoría de Camila Calderón, la Fiscalía también solicitó tres años de inhabilitación para que Toledo no pueda acceder a cargos públicos y el pago de 241 días-multa. La investigación ha sido respaldada por documentos financieros que muestran cómo el dinero fue transferido a través de cuentas vinculadas a Maiman, lo que facilitó el lavado de los fondos recibidos de Odebrecht.
La defensa de Toledo y su versión de los hechos
Durante las audiencias, Toledo ha mantenido su versión de que no cometió ningún delito. En una sesión previa, el expresidente afirmó que la visita de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a Palacio de Gobierno en 2004 fue organizada por su entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quien era también presidente del comité directivo de Proinversión. Toledo aseguró que en esa reunión se discutió el proyecto IIRSA Sur y que solo agradeció a Odebrecht por haber involucrado a empresas peruanas en la construcción del proyecto.
No obstante, Barata testificó que Toledo le exigió un soborno de 31 millones de dólares para otorgar la concesión a Odebrecht. Estos pagos habrían sido entregados en partes hasta 2011, depositados en cuentas a nombre de empresas controladas por Josef Maiman.
Toledo ha negado haberse reunido en privado con Barata en 2005, aunque el testimonio del exdirectivo de Odebrecht contradice su versión, afirmando que las negociaciones se llevaron a cabo durante su mandato.
