La alcaldesa del distrito de Pillao, Delia Verde, se pronunció sobre la situación de presuntas invasiones de terrenos en su jurisdicción. Según declaró, existe un proceso judicial en curso que involucra a varios dirigentes comunales, algunos de los cuales habrían enfrentado prisión preventiva y restricciones.
De acuerdo con la alcaldesa, el presidente de la comunidad campesina de Pillao está a la espera de una resolución judicial para retomar la posesión formal de aproximadamente 80 hectáreas de terreno. La autoridad distrital indicó que se adjuntaron los documentos requeridos por el juez y que la comunidad cuenta con el respaldo de un abogado. Mientras tanto, señaló que continúan habitando en la zona personas a quienes se les atribuye la condición de invasores, por lo que se espera el fallo para proceder al eventual desalojo.
Reforestación como objetivo principal
Verde afirmó que el objetivo de las autoridades locales y de la comunidad campesina sería reforestar los terrenos recuperados. Aseguró que estos espacios deben ser conservados para proteger los bosques, en concordancia con acuerdos previos adoptados por la población y la comunidad. Según su versión, algunas familias habrían sido desalojadas en el pasado, sufriendo incluso la quema de viviendas y destrucción de cultivos. La alcaldesa expresó su solidaridad con estas familias y solicitó al juez que agilice los trámites pendientes.
Seguridad y acusaciones de violencia
La alcaldesa mencionó que durante los enfrentamientos, ella y otras personas, incluidos periodistas y policías, habrían sido agredidos con armas blancas y de fuego. Según sostuvo, en una ocasión se intentó despojar de su arma a un agente policial, hechos que —de acuerdo con la alcaldesa— constan en denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
Verde también manifestó que algunos dirigentes la perciben como enemiga, pero insistió en que su papel como autoridad es la defensa del territorio y de los derechos de los ciudadanos que cuentan con acreditaciones de la comunidad.
Esperan decisión final del Poder Judicial
Finalmente, la alcaldesa señaló que unas 60 a 80 personas serían las principales afectadas por la demora en la resolución judicial. Según afirmó, estas familias permanecen desplazadas y muchas se encuentran alquilando espacios en viviendas de familiares o vecinos, a la espera de una definición legal que les permita regresar a sus tierras.
