Durante la tercera cumbre regional de alcaldes de centros poblados, realizada en Huánuco, el presidente del Consejo Nacional de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú (Amuse Perú), Wilmer Ispilco Chilon, cuestionó la falta de implementación de la Ley 32185 por parte del Gobierno Regional. La norma, aprobada por el Congreso en 2024, establece el mecanismo para la transferencia de recursos a estas jurisdicciones mediante convenios con las municipalidades provinciales.
Exigen partida única de 12 UIT anuales
Ispilco sostuvo que el pedido no es nuevo y que las demandas se intensifican por la falta de voluntad política. “La ley está vigente desde noviembre de 2024, pero hasta hoy el Gobierno Regional de Huánuco no transfiere ni una sola UIT a los centros poblados. Exigimos 12 UIT anuales en una sola partida, no en fracciones”, reclamó.
Según precisó, Huánuco cuenta con 292 municipalidades de centros poblados que hasta la fecha no han recibido presupuesto alguno. “Solo la región Cajamarca ha implementado la ley. No podemos permitir que se devuelvan fondos mientras nuestros pueblos carecen de servicios básicos”, expresó.
Cita con el gerente general y advertencia nacional
Ante la ausencia del gobernador regional, Ispilco señaló que se acordó instalar una mesa técnica de trabajo a las 4:00 p.m. con el gerente general de la región. “Hoy no estamos para discursos. Queremos un acta firmada con compromisos claros. Si el gobernador no cumple, no está enfrentando a un dirigente, sino al Perú profundo”, sentenció.
El dirigente remarcó que esta demanda es parte de una gira nacional que ha incluido visitas a Huancavelica, Ayacucho, San Martín, Lambayeque y Piura. Indicó también que cuenta con respaldo congresal y negó que la movilización tenga motivaciones políticas. “Invitamos a la congresista Medina en su rol de fiscalización. Aquí estamos defendiendo derechos, no haciendo campaña”.
Advertencia por incumplimiento y próximos pasos
Wilmer Ispilco anunció que, de persistir el incumplimiento, se exigirá una interpretación nacional de la ley para obligar a los gobiernos regionales a respetarla. “Si no hay solución, exigiremos responsabilidades desde el Congreso”, concluyó.
