El pasado miércoles 21 de mayo, el Congreso de la República aprobó de manera unánime una iniciativa legislativa largamente esperada: la reforma del Decreto Legislativo 776, que regula la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a través del Foncomún. Con la nueva norma, se establece un aumento progresivo de dos puntos porcentuales —del 2% actual al 4%— en los próximos cuatro años. Este incremento implica que las municipalidades duplicarán sus ingresos por este concepto hasta el 2030.
Según explicó Geni Valentín Palomino, asesor legal de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú (AMUCE PERÚ), este cambio beneficiará especialmente a los centros poblados, históricamente relegados en la distribución de fondos. “Se trata de una demanda que hemos impulsado desde hace años y que por fin ha sido atendida. Estuvimos más de 1,500 alcaldes de centros poblados en Lima, exigiendo esta reforma. La presión fue nuestra, no de las municipalidades provinciales ni distritales”, afirmó.
Incremento del piso mínimo: más recursos para zonas rurales
Uno de los logros incluidos en la nueva ley es el aumento del monto mínimo que deben recibir los centros poblados. Actualmente fijado en 0.5 UIT (equivalente a S/ 2,675), el monto se incrementará a 1.5 UIT en forma gradual, mediante aportes compartidos de los gobiernos provinciales y distritales. Esto permitiría alcanzar un piso mínimo superior a los S/ 8,000 anuales por centro poblado.
Palomino señaló que esta mejora resulta crucial para el desarrollo de las comunidades rurales. “El dinero llegará directamente a zonas de alta vulnerabilidad y permitirá ejecutar obras básicas. Pero también es importante que las autoridades locales cumplan”, sostuvo.
Resistencia en provincias de Huánuco: denuncian incumplimiento
Pese a la aprobación de la ley, aún persisten autoridades que no asignan los recursos debidos. En Huánuco, provincias como Huamalíes, Yarowilca, Lauricocha y Pachitea presentan serios retrasos. En este último caso, según Palomino, “los distritos están cumpliendo, pero la municipalidad provincial de Pachitea no transfiere los fondos. Invocamos al alcalde a rectificar y ajustarse a la ley, porque ahora no habrá excusa presupuestal”.
Asimismo, advirtió que existen precedentes de sanciones por incumplimiento. “En Oyón, el alcalde provincial fue suspendido por negarse a entregar recursos a los centros poblados. Eso ya marca una línea clara de jurisprudencia”, dijo.
Palomino destacó también que la capacidad administrativa de los gobiernos subnacionales será clave para ejecutar los desembolsos. “Hay municipios que aún no agilizan sus procedimientos, pero si no cumplen, la ley permite sanciones. No queremos llegar a eso. Solo pedimos respeto a los derechos de los pueblos más olvidados”, concluyó.
