El Juzgado Anticorrupción rechazó el pedido de prisión preventiva por 15 meses para el alcalde de Quivilla, Fidel Nicolás Godoy y dos personas más, acusadas del delito de colusión agravada por la presunta contratación de un volquete “fantasma” para una obra que ejecutó el municipio.
El juez Anticorrupción Elmer Contreras, denegó el pedido de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó 15 meses de prisión preventiva para el edil Fidel Nicolás, Fresly Pérez Aguirre y Yerson Timoteo Falcón. El juez dispuso comparecencia con restricciones para los 3 acusados mientras continúe el proceso.
Nicolás, Pérez y Timoteo son acusados por la presunta comisión del delito de colusión agravada, que habrían cometido con el alquiler de un volquete fantasma para la obra de “Mejoramiento del acceso y muro de contención al barrio de San Antonio, distrito de Quivilla, Dos de Mayo”, cofinanciado por el programa Trabaja Perú.
La contratación de la máquina se hizo en 2016 mediante adjudicación simplificada n.° 2-2016. Leyly Berenisse Guardia Montes fue la encargada de conducir el proceso que se adjudicó a Fesly Pérez, quien en junio de 2016 firmó contrato con Nicolás para alquilar un camión de 6 metros cúbicos por S/70 920.00 para el mejoramiento del muro de contención.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Nicolás de haber concertado con los otros dos acusados para defraudar al Estado la suma de S/45 mil. Para ello, el alcalde habría designado a la responsable de Abastecimientos, Leyly Guardia, como encargada del proceso de selección cuando no cumplía el perfil. El fiscal sustentó ayer que Guardia admitió que, a solicitud del alcalde, ella elaboró el requerimiento lo que es irregular porque según la Ley de Contrataciones del Estado es el área usuaria, en este caso Infraestructura, el que debe hacer el requerimiento, formular las especificaciones técnicas, los términos de referencia para la contratación. “Al ser un servicio para una obra de inversión pública, quien debía efectivizar el requerimiento debió ser el área de Infraestructura pero la señora Leyly Guardia dijo que hizo el requerimiento”, señaló el fiscal. La fiscalía además detectó incongruencias en el proceso de selección.
Otro hecho es la firma de una adenda con Fresly Pérez sin la aprobación de otras áreas y, pese a que el camión no cumplía las características, se creó una necesidad inexistente pues la máquina no brindó servicio a la obra. Además de Guardia Montes está implicado el secretario municipal, Adrián Martínez Román.
