La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) inició un expediente para investigar un posible caso de espionaje e infiltración, luego de conocerse que una empresa de capitales chilenos estaría alquilando un espacio dentro de una base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Según trascendió, la compañía involucrada sería representada en el país por un exmilitar chileno, situación que ha encendido alarmas en los organismos de seguridad nacional.
De acuerdo con fuentes oficiales, la empresa habría gestionado el arrendamiento con la finalidad de operar actividades logísticas y comerciales en instalaciones militares. Este hecho generó cuestionamientos en sectores políticos y en la ciudadanía, quienes demandan explicaciones claras y medidas inmediatas para garantizar la protección de información estratégica.
Posible riesgo para la seguridad nacional
La presencia de una firma extranjera en dependencias militares se percibe como un riesgo potencial para la seguridad y soberanía del país. Especialistas consultados señalan que no se trata únicamente de una operación comercial, sino de un asunto delicado que podría comprometer datos sensibles relacionados con el espacio aéreo y la defensa peruana.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Defensa ni la Fuerza Aérea han emitido declaraciones oficiales que aclaren el procedimiento seguido para autorizar este arrendamiento. Tampoco se ha informado si la empresa cumplió con todos los requisitos legales y de seguridad exigidos para operar en un recinto militar.
Ciudadanos exigen transparencia y mayor control
Representantes de asociaciones civiles subrayaron la importancia de fortalecer la supervisión de convenios y contratos firmados por entidades del Estado, especialmente en temas que involucren infraestructura y recursos estratégicos. “La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes ingresan a espacios sensibles y bajo qué condiciones”, manifestó una vecina de la zona cercana a la base aérea.
Se espera que en los próximos días las autoridades competentes brinden detalles oficiales y determinen posibles responsabilidades administrativas y penales. Mientras tanto, la preocupación social crece, en un contexto donde la transparencia y la seguridad deben primar.
