Fiscalización insuficiente: comunidades impiden ingreso a zonas mineras ilegales
La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Huánuco expuso recientemente la compleja situación que enfrenta Puerto Inca respecto a la minería ilegal. Según lo informado por Roger Martínez Canchari, especialista del área de minería, hasta el 30 de julio de este año se registraron 247 mineros inscritos, de los cuales 141 continúan en proceso de formalización.
No obstante, al ser consultados sobre el número aproximado de mineros ilegales fuera de este proceso, el ingeniero Wilmer Coll, responsable del área de fiscalización, evitó precisar una cifra exacta, indicando que no cuentan con datos consolidados sobre la magnitud total de la minería ilegal en la zona.
Supervisiones y fiscalizaciones en zonas de difícil acceso
Coll explicó que desde 2023 se han realizado 27 fiscalizaciones a mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero reconoció que varias zonas permanecen sin supervisión debido a las dificultades logísticas y de acceso. Entre los sectores críticos mencionados figura la comunidad de Tahuantinsuyo, en Yuyapichis, donde la propia población ha instalado tranqueras para impedir el ingreso de las autoridades.
Además, en zonas como Tournavista y Codo del Pozuzo se reportan actividades mineras, aunque no existen registros formales. Coll detalló que se han remitido informes al Ministerio Público cuando se detectan operaciones sin autorización, enfatizando que la interdicción corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, como la Fiscalía y la Marina.
Zonas declaradas en emergencia ambiental
Por su parte, Mercy Calderón Rodríguez, directora regional de Energía y Minas, subrayó que la minería ilegal en Puerto Inca y Yuyapichis ha causado una deforestación significativa, aunque precisó que no existe una medición oficial consolidada de hectáreas afectadas. Calderón aclaró que la actualización precisa de áreas impactadas requiere un trabajo coordinado en campo junto a otras instituciones, como el Servicio Nacional Forestal (Serfor) y la Autoridad Técnica Forestal (ATF).
La funcionaria señaló que no toda la actividad minera en la región es ilegal, y que muchos trabajadores han buscado formalizarse desde la promulgación del Decreto Legislativo 1100. No obstante, admitió que el cierre de la oficina descentralizada en Puerto Inca —debido a recortes presupuestales— ha limitado significativamente las labores de fiscalización y acompañamiento técnico.
Los voceros regionales coincidieron en que las acciones de control requieren apoyo multisectorial y una mayor articulación con el gobierno central y las comunidades. Según afirmaron, los esfuerzos actuales se centran en identificar áreas de mayor riesgo y declarar emergencias ambientales para permitir intervenciones más amplias.
Dato:
De acuerdo con lo expuesto, la minería ilegal se extiende principalmente en los distritos de Puerto Inca y Yuyapichis, afectando directamente cuerpos de agua como las quebradas Pituyacu y San Pablo, así como el río Yuyapichis y su confluencia con la quebrada Río Negro.
