El ingeniero ambiental y consultor en contrataciones públicas, Linder Teodoro Leandro, advirtió que el proceso de selección para la supervisión del proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Alameda de la República” fue firmado irregularmente por un funcionario que no tenía designación legal, y que hasta la fecha no ha sido anulado.
“No es un error digital, es un acto ilegal con repercusiones penales, debido a que dicho procedimiento no está acorde a la nueva Ley de Contrataciones, en ese sentido, podría verse seriamente comprometido debido a la premura e irresponsabilidad que se habría actuado en este procedimiento”, explicó. También indicó que esta concesión que forma parte del proyecto valorizado en más de 26 millones de soles pondría en riesgo los árboles que embellecen y dan vida este emblemático espacio público.
El caso gira en torno al ingeniero José Medina Vargas, subgerente de Gestión de Obras del Gobierno Regional, quien firmó la buena pro de supervisión por S/ 1,320,000 a favor del Consorcio Supervisor Pistas Alameda, a pesar de que no figuraba como presidente del comité de selección ni contaba con designación oficial conforme a la Ley N.º 32069 y su reglamento D.S. 009-2025-EF.
“Este proceso es abiertamente ilegal. Medina Vargas firmó un documento que no le correspondía. Y lo más grave: el proceso habría sido anulado internamente, pero sin ningún acto formal ni publicación oficial. Hay un intento evidente de encubrimiento”, advirtió el consultor Linder Teodoro, en declaraciones brindadas a medios locales.
“Ese procedimiento no cumple con la ley y, por tanto, debe ser declarado nulo. Pero lo más grave es que habría sido anulado internamente sin informar al público ni a los órganos fiscalizadores, lo cual abre indicios de encubrimiento institucional”, alertó el consultor.
Incumple la nueva Ley de Contrataciones
Según explicó Teodoro, la normativa vigente en materia de contrataciones públicas exige que toda designación de miembros de comité se realice por resolución expresa, con publicación obligatoria en el sistema SEACE. Asimismo, los comités deben estar conformados por un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes.
En este caso, el proceso de supervisión de la obra en la Alameda designó seis personas, excediendo el límite legal. Además, en los documentos de respaldo se consigna como presidente del comité a José Medina Vargas, quien no fue legalmente designado ni figura en la resolución correspondiente. De acuerdo con la estructura formal, el presidente debió ser Luciño Inocente Rojas Herrera, cuyo nombre no aparece en los actos oficiales.
“Este tipo de irregularidades no son simples errores administrativos. Tienen consecuencias penales y afectan la legalidad de toda la obra. Y lo más preocupante es el silencio absoluto del Gobierno Regional, del OSCE y de la Contraloría. No hay ninguna investigación ni resolución de nulidad pública”, insistió Teodoro.
El consultor remarcó que, desde el punto de vista jurídico, la buena pro debe ser anulada de inmediato, ya que su firma y proceso de calificación carecen de validez legal. Sin embargo, alertó que el caso habría sido archivado o encubierto, permitiendo que el contrato avance en la práctica, sin rendición de cuentas ni correcciones institucionales.
Medina Vargas reconoce error
Consultado sobre su participación en el proceso, el ingeniero José Medina Vargas reconoció que firmó la adjudicación sin ser presidente del comité, aunque lo calificó como un “error material involuntario”. Según su versión, estaba gestionando varios expedientes de forma simultánea y confundió el proyecto de supervisión con el de ejecución.
“Yo firmé el acta porque ya estaba mi nombre en ella y creí que era otro proceso. Admito el error, pero no fue con mala intención. He informado a las autoridades regionales lo ocurrido”, señaló el subgerente en declaraciones públicas.
Inviabilidad ambiental y legal
Además del procedimiento irregular en la adjudicación de supervisión, el proyecto de más de S/ 26 millones enfrenta críticas por su ubicación e impacto ambiental. La Alameda de la República, considerada uno de los espacios públicos emblemáticos de Huánuco, alberga decenas de árboles maduros que estarían en riesgo de ser talados para dar paso a la obra.
Colectivos ciudadanos y urbanistas han expresado su preocupación ante la falta de socialización del proyecto y la ausencia de un estudio de impacto ambiental publicado. Según indicaron, la intervención no solo podría destruir un ecosistema urbano vital, sino que además se estaría ejecutando sin consultar adecuadamente a la población ni cumplir protocolos de protección ambiental.
“No se puede modernizar una ciudad destruyendo sus espacios verdes ni adjudicando contratos fuera del marco legal. La obra en la Alameda de la República debe ser revisada desde el punto de vista técnico, jurídico y ciudadano”, concluyó Linder Teodoro.
El dato
Ante esta situación, Medina Vargas indicó que estaba manejando cuatro procesos a la vez cuando firmó la buena pro de la empresa supervisora erróneamente. “Me pasaron las actas y al revisar el expediente de la Alameda, pensé que se trataba de la ejecución y no de la supervisión. Mi nombre ya estaba en el documento, por eso firmé”, explicó. “Errores como estos no deberían ocurrir, pero suceden. He asumido mi responsabilidad”, declaró.
