El drama del acceso al agua y saneamiento básico en el centro poblado de Marabamba, ubicado en Pillco Marca, ya no admite excusas. A pesar de que el proyecto fue declarado técnicamente viable en 2023, y de que incluso cuenta con presupuesto asignado para su expediente técnico, su ejecución continúa estancada en trámites sin rostro y silencios burocráticos que atentan directamente contra la salud y dignidad de su población.
Según denunció la alcaldesa de Marabamba, Candy Ruccoba, el expediente cuenta con código SNIP de inversión, validación de preinversión, y una asignación presupuestal de S/ 300 000 para la elaboración del estudio técnico, gestionada en el marco del presupuesto participativo 2025. Nada de esto ha sido suficiente para que la Municipalidad Provincial de Huánuco convoque siquiera a la consultoría correspondiente. No se trata de falta de recursos, sino —como ocurre demasiadas veces en esta región— de una preocupante falta de voluntad administrativa para poner en marcha proyectos de impacto comunitario.
De acuerdo con lo declarado por la autoridad local, la paralización del proceso responde a una serie de “etapas técnicas”, entre ellas el empadronamiento de viviendas, acreditación hídrica por parte de la ANA y levantamientos topográficos. Sin embargo, ninguna de estas gestiones ha justificado, a la fecha, la completa inacción frente a un expediente viable desde hace más de un año.
Más aún: la alcaldesa advierte que, si no se convoca pronto a la empresa que debe elaborar el expediente técnico, el riesgo es que el proyecto quede “en papel”, sumándose a la larga lista de iniciativas abandonadas que empantanan el desarrollo regional. Este escenario no solo posterga derechos básicos, sino que, en contextos de cambio climático y contaminación de fuentes hídricas, puede convertirse en un problema de salud pública.
Marabamba no está pidiendo privilegios. Lo que solicita su comunidad es el inicio formal de un proyecto que ya pasó las pruebas de factibilidad, cuenta con respaldo presupuestal, y que ha sido demandado durante años como una necesidad urgente para mejorar las condiciones sanitarias de cientos de familias.
Los retrasos no son casuales ni inevitables. Son el reflejo de un sistema que falla en traducir planes en obras, viabilidad en acción, y presupuesto en infraestructura. Que la autoridad edil tenga que “insistir y fastidiar” —según sus propias palabras— para obtener atención provincial, evidencia un grave desequilibrio en las prioridades de las oficinas responsables de ejecutar el desarrollo local.
