Según alcalde de Llicua, paralización se debería a falta de área para disponer 17 mil m³ de desmonte
La paralización de la obra de defensa ribereña en la quebrada de Agorragra, sumada a trabas administrativas, estaría impidiendo que los ministerios del Gobierno Central intervengan oportunamente para reducir el riesgo ante la temporada de lluvias. Así lo manifestó el alcalde del centro poblado de Llicua, Joel Luna Carhuapoma, quien expresó su preocupación por la situación que atraviesa la población de Llicua Alta.
Según explicó el alcalde, la obra permanece sin culminar ni ser entregada formalmente, condición que —de acuerdo con su versión— imposibilita realizar gestiones ante el Ministerio de Vivienda para solicitar maquinaria pesada o ejecutar trabajos urgentes como la descolmatación del cauce. Luna Carhuapoma calificó esta situación como una limitación burocrática que, en la práctica, estaría dejando a la población sin medidas preventivas frente a las lluvias.
El burgomaestre indicó que la temporada de precipitaciones, que ya se viene intensificando, incrementa el riesgo en la quebrada, especialmente en los sectores cercanos. Añadió que esta situación genera preocupación entre los vecinos, al considerar que la obra inconclusa no cumple su función de protección en un escenario climático adverso.
Sin respuesta
De acuerdo con Joel Luna Carhuapoma, las autoridades locales realizaron gestiones desde el mes de noviembre del año pasado, remitiendo informes técnicos y documentación sobre la situación de la quebrada a diversas instancias. Entre ellas mencionó a la Municipalidad de Amarilis, el Gobierno Regional, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y el Ministerio Público.
Sin embargo, el alcalde sostuvo que, hasta la fecha, no han recibido respuestas concretas ni pronunciamientos oficiales que permitan adoptar acciones inmediatas. Esta falta de información, según manifestó, incrementa la incertidumbre respecto a qué entidad asumirá la intervención necesaria para reducir el riesgo en la zona.
Luna Carhuapoma indicó que, mientras la obra continúe en condición de paralizada y sin entrega formal, las autoridades locales se encuentran limitadas legal y administrativamente para actuar directamente en la quebrada. En ese contexto, reiteró que no se puede gestionar apoyo del Gobierno Central pese a la urgencia que, a su juicio, impone la temporada de lluvias.
Zonas vulnerables
El alcalde de Llicua reconoció que existen sectores vulnerables en su jurisdicción, principalmente aquellos ubicados en las inmediaciones de la quebrada de Agorragra. Señaló que, si bien las lluvias ya se han iniciado, hasta el momento no se han registrado daños materiales ni pérdidas humanas, hecho que espera se mantenga en el tiempo.
Luna Carhuapoma recordó que el año anterior la Municipalidad Distrital de Amarilis realizó inspecciones técnicas para identificar las áreas de mayor riesgo y evaluar la reubicación de familias que podrían verse afectadas. No obstante, precisó que actualmente desconoce el estado de dicha gestión, por lo que anunció que buscaría información actualizada en la municipalidad distrital.
El alcalde remarcó que la falta de medidas preventivas, como la descolmatación, podría agravar la situación si las precipitaciones continúan o se intensifican. En ese sentido, insistió en la necesidad de que las autoridades competentes adopten decisiones oportunas para evitar escenarios de emergencia.
Este medio subraya que las evaluaciones sobre riesgo y vulnerabilidad forman parte de las declaraciones del entrevistado y que cualquier intervención oficial corresponde a las instancias técnicas y administrativas correspondientes.
Silencio de la empresa ejecutora
Otro aspecto señalado por Joel Luna Carhuapoma fue la ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de la empresa ejecutora de la obra de defensa ribereña. Según indicó, la información que maneja apunta a que la paralización estaría vinculada a la falta de un lugar para disponer aproximadamente 17 mil metros cúbicos de desmonte.
El alcalde cuestionó que este aspecto no haya sido previsto adecuadamente desde el inicio del proyecto, considerando la magnitud de la obra. Añadió que la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos afecta directamente a la población, que —según expresó— enfrenta situaciones similares año tras año.
Finalmente, Luna Carhuapoma reconoció que este tipo de problemas contribuye al desgaste de la confianza ciudadana en las autoridades, al percibirse promesas que no se concretan. No obstante, reiteró que su llamado busca que se destraben los procedimientos administrativos y se priorice la seguridad de la población.
