El gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, ha rechazado un reciente informe de Amnistía Internacional que atribuye responsabilidad penal a altos funcionarios del Estado por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El informe, titulado ‘Perú: ¿Quién disparó la orden?’, fue presentado el 18 de julio y sugiere que decisiones gubernamentales podrían haber contribuido a los violentos sucesos que resultaron en 50 civiles y un policía fallecidos, así como más de 1.400 heridos.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que el Estado peruano no considera legítima la crítica de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, argumentando que el país mantiene relaciones solo con organismos internacionales con los cuales tiene convenios establecidos.”El Estado no responde a las ONG.El informe de Amnistía solo confirma un sesgo político y una instrumentalización de los hechos para fines políticos”, expresó Adrianzén, reiterando que el gobierno ha enfrentado todas las acusaciones ante instancias internacionales adecuadas.
Por otro lado, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, insistió en que las acciones y omisiones de los líderes peruanos pudieron haber tenido consecuencias fatales, subrayando la necesidad de respuestas claras y justicia para las víctimas y sobrevivientes.
