El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, denunció que la convocatoria a un paro nacional para el 23 de octubre, organizada por el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, estaría siendo aprovechada con fines políticos por sectores vinculados al expresidente Pedro Castillo y al líder político Antauro Humala. Según el premier, esta medida de fuerza ha cambiado su objetivo original y ahora busca desestabilizar al gobierno. “Han distorsionado sus objetivos. Los están instrumentalizando y estamos ante una mera forma de activismo político. Pretenden desestabilizar el gobierno y ofender los logros que ahora tenemos”, manifestó Adrianzén en conferencia de prensa, según reportó Manuel Rojas Berríos para Infobae.
El paro anunciado para el próximo 23 de octubre ha generado una fuerte reacción por parte del Ejecutivo, que recordó los incidentes de las últimas movilizaciones. Adrianzén destacó que la paralización del 10 de octubre se desarrolló en un ambiente de paz, aunque al final de la jornada se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la avenida Abancay. “Felizmente, este enfrentamiento no llegó a mayores. Se detuvo a algunos de los agitadores y luego volvió todo a la tranquilidad”, expresó el primer ministro.
El 11 de octubre, según detalló Adrianzén, se registró una mayor participación de los gremios, con el 90% de las unidades de transporte urbano operando en las calles. Sin embargo, la representación sindical decidió suspender la paralización programada para el día siguiente, lo que permitió que la ciudad retomara la normalidad el sábado 12. A pesar de este clima de aparente calma, el anuncio de una nueva huelga indefinida ha reavivado las tensiones, y el gobierno considera que el trasfondo de la protesta ha dejado de ser meramente gremial.
“Ya se han mostrado con absoluta claridad quienes son los que están detrás de esta nueva paralización, esta vez indefinida. Se han identificado personajes próximos al felón Castillo y personajes próximos al movimiento del candidato Antauro Humala”, añadió Adrianzén, quien no dudó en señalar que lo que antes fue una legítima protesta laboral ahora se ha convertido en una plataforma política. Según el presidente del Consejo de Ministros, se ha perdido de vista el reclamo original, vinculado a los ataques y asesinatos de cobradores y choferes de transporte, y ahora el paro es visto como una herramienta de presión para fines políticos.
Por su parte, los gremios de transportistas han emitido un comunicado explicando sus razones para la nueva jornada de protestas. Entre sus principales demandas figura la derogación de la Ley N.° 32108 y el archivo de los proyectos de «terrorismo urbano», los cuales, según los gremios, tienen como único objetivo reprimir las protestas y «terruquear» a quienes se oponen a las políticas actuales. “Pese al contundente paro nacional del 10 y 11 de octubre, la coalición mayoritaria del Congreso se ha negado a derogar la Ley N.° 32108 y a archivar los proyectos de terrorismo urbano, que solo buscan reprimir las protestas y terruquear a quienes se oponen. Se han puesto de espaldas al clamor nacional a favor de la vida y de quienes siguen extorsionados”, se lee en el comunicado difundido por el Comité de Gremios de Transportistas.
En este contexto, el próximo paro del 23 de octubre se presenta como un desafío para el gobierno de Dina Boluarte, que ahora enfrenta la difícil tarea de desactivar una protesta que, según sus palabras, ha sido secuestrada por actores políticos con agendas desestabilizadoras. Los transportistas, por su parte, siguen insistiendo en la necesidad de derogar leyes que consideran injustas y reafirman su intención de sumar a otros sectores sociales en esta medida de fuerza, como universidades, centros comerciales y empresas privadas.
