Huánuco fue escenario de una conferencia organizada por la Red de Mujeres Protectoras de la Niñez y la Adolescencia, donde un grupo de adolescentes y activistas denunció, en testimonios públicos, la falta de acción efectiva del Estado frente a la creciente ola de violencia sexual. La actividad se realizó en el marco de tres fechas simbólicas: el Día Mundial de los Derechos del Niño (20 de noviembre), el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil (29 de noviembre) y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).
Durante la conferencia, adolescentes organizadas en colectivos como “Yo también tengo algo que decir” tomaron la palabra para visibilizar lo que calificaron como “una situación crítica de desprotección” por parte de las instituciones del Estado. Las voceras señalaron que los programas de atención a víctimas de violencia sexual sufren recortes presupuestales, procesos lentos y desinterés institucional, agravando la vulnerabilidad de niñas y adolescentes sobrevivientes.
Testimonios directos exigen respuestas concretas del Estado
Una de las intervenciones más contundentes fue la de Xiomara, presidenta de la Red de Mujeres Protectoras, quien denunció que las adolescentes afectadas por violencia sexual no cuentan con medidas de protección reales ni acompañamiento efectivo tras las denuncias. “No solo el Estado no nos protege, sino que tampoco lo hacen las comunidades. Tras denunciar, muchas somos amenazadas por los agresores, sus familias e incluso nuestros vecinos”, afirmó.
La adolescente mencionó el caso reciente de una menor asesinada por sus propios hermanos, como ejemplo de una cadena de fallas institucionales. En su alocución, exigió que el Estado no se limite a emitir resoluciones ni entregar papeles, sino que implemente acciones concretas que garanticen la seguridad y bienestar de las menores.
Otra representante de la organización, cuya identidad no fue registrada oficialmente, criticó que las medidas de protección entregadas por el sistema de justicia se reduzcan a documentos simbólicos que no se traducen en seguridad efectiva. “Nos dicen ‘toma tu papel’, pero si me matan, ¿qué hacen con ese papel?”, cuestionó.
Recortes presupuestales y desatención en zonas rurales
Durante la actividad, también se advirtió que diversos programas estatales orientados a prevenir la violencia sexual están siendo afectados por recortes presupuestales. Se mencionó, entre ellos, al programa Warmi Ñan, que trabaja directamente con niñas y adolescentes, y cuya labor se habría visto restringida por la falta de financiamiento adecuado.
Según las voceras, esta reducción impacta especialmente en zonas rurales, donde la violencia sexual se combina con barreras culturales, idiomáticas y de acceso a la justicia. Se mencionó la situación de mujeres quechua hablantes de la sierra huanuqueña, quienes deben enfrentar procesos judiciales sin traductores ni apoyo especializado. En palabras de una de las participantes: “Si no hay pruebas, el caso se queda ahí. Pero ¿quién garantiza que esas pruebas puedan reunirse si nadie nos ayuda?”.
Exigen acción articulada con comunidades y sectores de base
Las expositoras coincidieron en la necesidad de que el Estado articule acciones con las comunidades locales, organizaciones sociales y liderazgos territoriales. Se propuso que se involucren activamente en la prevención y respuesta frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes a las presidentas de vasos de leche, comedores populares, agentes comunitarias de salud y tenientes gobernadores.
Las representantes señalaron que mientras no exista una respuesta estructural y coordinada, continuará el ciclo de impunidad que permite que casos de abuso se repitan. “Hoy fue María, mañana puede ser mi hija o la tuya”, afirmó una de las participantes. “Ya no queremos condolencias, queremos justicia”.
