Una nueva controversia legal envuelve a Costa Rica en relación con el trato a menores migrantes. El país centroamericano enfrenta una demanda ante la ONU por presuntas violaciones a los derechos de niños y adolescentes deportados desde Estados Unidos, una situación que pone en el centro del debate la política migratoria regional y la responsabilidad compartida en la gestión de flujos migratorios complejos.
Según la investigación publicada por The New York Times, un grupo de abogados especializados en derechos de migrantes ha presentado una demanda formal contra Costa Rica ante el comité de la ONU encargado de supervisar la Convención sobre los Derechos del Niño. La acusación central se basa en la prolongada detención de decenas de menores, cerca de dos meses, y las condiciones precarias en las que se encuentran, consideradas potencialmente dañinas e “irreparables”.
Esta acción legal representa el segundo desafío legal de alto perfil contra una nación centroamericana que participa en acuerdos con Estados Unidos para recibir deportados, una estrategia impulsada durante la administración Trump con el objetivo de externalizar las deportaciones masivas. Este tipo de acuerdos ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que argumentan que los países receptores a menudo carecen de la infraestructura y los recursos necesarios para atender adecuadamente a los migrantes, especialmente a los niños.
Ian Kysel, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell y miembro fundador del Global Strategic Litigation Council, una de las organizaciones demandantes, explicó que la jurisdicción del comité de la ONU se fundamenta en las obligaciones adicionales que Costa Rica ha asumido bajo el tratado. Esto permite presentar quejas directamente ante el panel de expertos, quienes pueden emitir directivas. Sin embargo, la aplicación de estas directivas depende en última instancia de la voluntad de Costa Rica y de la presión internacional para que cumpla con sus compromisos.
El caso se centra en un grupo de aproximadamente 200 migrantes provenientes de países fuera del hemisferio occidental, incluyendo China, Irán, Vietnam y Uzbekistán, quienes llegaron a Costa Rica en vuelos de deportación desde Estados Unidos a finales de febrero. Entre ellos se encontraban 81 niños, quienes fueron trasladados a una instalación remota cerca de la frontera con Panamá. Allí, los migrantes esperaban ser repatriados a sus países de origen o recibir asilo en otra nación.
La situación plantea interrogantes sobre la legalidad y la ética de las políticas migratorias conjuntas entre Estados Unidos y los países de Centroamérica. También resalta la vulnerabilidad de los menores migrantes, quienes a menudo enfrentan riesgos adicionales durante el proceso de deportación y detención. Es crucial considerar que en 2024, la UNICEF reportó un aumento del 40% en el número de niños migrantes no acompañados en tránsito por Centroamérica, evidenciando la magnitud del problema. Además, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por las condiciones en los centros de detención para migrantes, instando al gobierno a mejorar las instalaciones y garantizar el respeto a los derechos humanos. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la protección de los derechos de los niños migrantes en la región.
