Una nueva controversia golpea al Congreso. La congresista Kira Alcarraz fue denunciada por presuntamente agredir físicamente a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante un operativo realizado en el puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores. La intervención se produjo luego de que las autoridades detectaran que el vehículo en el que se movilizaba la legisladora tenía una orden de captura por deuda acumulada de papeletas.
De acuerdo con el reporte policial —información que posteriormente fue corroborada por la Municipalidad de Lima—, el incidente ocurrió la noche del último lunes, cuando el inspector intervino el automóvil de placa CTM-375, que registraba una deuda de S/ 1.327 por infracciones de tránsito. Alcarraz, quien iba como acompañante, descendió del vehículo e intentó evitar que sea trasladado al depósito municipal.
Sin embargo, al no conseguir su objetivo, la legisladora habría reaccionado de forma violenta: abofeteó al fiscalizador y, según la denuncia, también le arrebató el celular. La identidad del inspector se mantiene en reserva por temor a represalias. El caso ya genera una ola de reacciones porque involucra a una autoridad que, por su investidura, está llamada a actuar con respeto y sujeción a la ley.
El informe policial detalla que tras la intervención del vehículo, la congresista habría intentado dificultar el procedimiento administrativo, insistiendo en que el auto no sea conducido al depósito municipal. La escena, según la denuncia, escaló cuando la parlamentaria habría propinado una cachetada al fiscalizador y tomado su celular, en un intento por frenar el operativo.
Pero el hecho no se limita a la agresión física. El reporte añade que Alcarraz habría realizado una supuesta llamada a un comandante de la Policía Nacional del Perú, solicitando apoyo para su persona. Además, se consigna que habría lanzado amenazas contra el inspector, quien se encontraba cumpliendo su labor conforme al mismo procedimiento aplicado a cualquier ciudadano.
El fiscalizador pasará por médico legista, y el caso será derivado a un juzgado de paz, según se informó. Mientras tanto, la congresista se encuentra en libertad. La denuncia abre un nuevo debate sobre el comportamiento de los representantes públicos y la forma en que reaccionan frente al cumplimiento de normas que alcanzan a toda la ciudadanía.
