La repatriación forzada de refugiados Uyghures por parte de Tailandia a China ha generado una ola de críticas internacionales, reviviendo el debate sobre la protección de minorías étnicas y religiosas frente a la creciente influencia geopolítica de China. Este incidente pone de relieve la complejidad de equilibrar las relaciones diplomáticas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Según la investigación publicada por The New York Times, Tailandia deportó el jueves a 40 solicitantes de asilo Uyghures a China, desatando la condena de la Agencia de la ONU para los Refugiados y activistas de derechos humanos, quienes habían advertido sobre los riesgos de tortura y encarcelamiento al regresar a su país.
La decisión del gobierno tailandés, encabezado por el Primer Ministro Paetongtarn Shinawatra, se produce tras una reunión reciente con el líder chino Xi Jinping en Beijing, donde se discutieron proyectos de infraestructura, incluyendo un proyecto ferroviario y el aumento del turismo chino. Esta acción, según analistas, podría interpretarse como una concesión a China a cambio de beneficios económicos.
El jefe de policía tailandés, Kittirat Panpetch, justificó la deportación argumentando que se realizó a petición de Beijing. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció la medida como una “clara violación” del derecho internacional, recordando a Tailandia sus obligaciones de proteger a los solicitantes de asilo y no devolverlos a países donde enfrentan persecución. Amnistía Internacional ha recordado que Tailandia es signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que implica responsabilidades legales con respecto a la protección de personas refugiadas.
Activistas Uyghures han expresado su temor por la seguridad de los deportados. Tahir Imin, un activista Uyghur radicado en Estados Unidos y ex preso en China, declaró sentirse “profundamente entristecido, preocupado y aterrorizado” por el destino de los repatriados, anticipando “castigos inimaginables, tortura, muerte y largas condenas de prisión”. Cabe recordar que el gobierno chino niega las acusaciones de abusos y torturas.
China ha sido acusada repetidamente de utilizar su poder e influencia para silenciar las críticas en el extranjero y presionar a los gobiernos para que repatrien a ciudadanos que huyen de la persecución. Se espera que los Uyghures hayan sido devueltos a la región de Xinjiang, donde las autoridades mantienen un estricto control. Informes de organizaciones como Human Rights Watch han documentado la detención de hasta un millón de Uyghures y otras minorías étnicas en campos de internamiento y prisiones, así como medidas coercitivas de control de la natalidad y la reubicación de niños musulmanes en internados. Las autoridades chinas describen estos campos como centros de “reeducación vocacional” destinados a combatir el extremismo.
Este incidente se suma a una serie de controversias relacionadas con el trato de los Uyghures en China y la creciente presión de Beijing sobre otros países para que cooperen en la repatriación de personas consideradas disidentes o amenazas a la seguridad nacional. La postura de Tailandia, en este caso, plantea interrogantes sobre el futuro de la protección de los derechos humanos en la región frente a la creciente influencia económica y política de China.
