Fiscalía omitió pericias clave y pruebas médicas, según abogado de la familia afectada
El accidente se registró el pasado 15 de junio en Huánuco y dejó como saldo la muerte instantánea de María Elizabeth Rojas de Mendoza, quien iba como pasajera en una mototaxi que fue impactada por una camioneta conducida por el exfiscal Junior Castañeda Ccori.
El abogado Jenner Cáriga Cavalier, representante legal de la familia de la víctima, denunció una serie de irregularidades en la investigación fiscal y criticó la liberación del exfiscal, quien ya no se encuentra bajo prisión preventiva. Según explicó, la medida fue revocada en segunda instancia luego de que los jueces superiores consideraran que no se cumplía el requisito de prognosis de pena superior a cinco años, debido a una deficiente calificación de los delitos por parte del Ministerio Público.
Liberación del exfiscal fue consecuencia de omisiones clave
Según indicó Cáriga, el fiscal provincial había imputado inicialmente tres delitos: homicidio culposo, lesiones culposas y omisión de socorro. Sin embargo, en la audiencia de prisión preventiva, se agregó un cuarto: fuga del lugar del accidente. Esta incorporación permitió al juez de primera instancia dictar prisión preventiva, al considerar que la pena superaba el umbral legal.
Sin embargo, en la apelación, la sala superior determinó que la Fiscalía no sustentó adecuadamente las lesiones culposas por falta de certificados médicos legales, quedando en pie solo dos delitos: homicidio culposo y omisión de socorro. Sumadas, sus penas mínimas no superaban los cinco años, lo que motivó la liberación del exfiscal.
Testigos hablaron de posible alcohol, pero pericia fue negativa.
De acuerdo con el abogado, testigos en el lugar afirmaron que Junior Castañeda presentaba indicios de estar bajo los efectos del alcohol. No obstante, la prueba de alcoholemia resultó negativa. El propio imputado admitió haber consumido cannabis con fines medicinales, y la Fiscalía aún está pendiente de presentar los resultados toxicológicos.
El abogado también cuestionó la ausencia de peritajes clave. “No existe ninguna pericia que determine a qué velocidad iba el vehículo del exfiscal ni tampoco un documento que indique cuál es el límite permitido en el jirón 28 de Julio, donde ocurrió el hecho”, señaló Cáriga. Agregó que han solicitado formalmente estos documentos a la Fiscalía y a la Municipalidad de Huánuco.
Familia exige que se investigue como homicidio simple con dolo eventual
La defensa de la familia sostiene que no se trata de un homicidio culposo, sino de un homicidio simple con dolo eventual, ya que el exfiscal tenía conocimiento de su diagnóstico de epilepsia desde 2012 y aun así conducía un vehículo con toda su familia a bordo. “Una persona diligente no se pone al volante si sabe que puede tener un ataque en cualquier momento”, afirmó Cáriga.
El recorrido fatal comenzó tres cuadras antes del punto del impacto mortal, donde el vehículo del exfiscal ya había embestido dos motocicletas, causando la caída de sus ocupantes. Pese a ello, no se detuvo ni brindó auxilio, lo que justifica —según el abogado— la inclusión de los delitos de omisión de socorro y fuga.
Familia se constituye como actor civil y pide mayor rigurosidad
La familia de la víctima ya ha iniciado los trámites para constituirse formalmente como actor civil en el proceso penal. Según indicó el abogado, están a la espera de la notificación del Poder Judicial y de la posible oposición de la defensa del imputado. De existir oposición, se realizará una audiencia para resolver la solicitud.
Finalmente, Cáriga cuestionó que los fiscales no estén adecuadamente capacitados para casos de accidentes de tránsito con consecuencias mortales, como ya ha ocurrido en otros casos similares en Huánuco. “Queremos que este caso siente un precedente y se capacite a los fiscales para evitar impunidad por tecnicismos”, concluyó.
