¿JUSTICIA ‘SECRETA’?
La abogada Giuliana Loza, abogada defensora de la familia Alvarado, incluido el exgobernador Juan Alvarado, acusado de actos de corrupción, ha denunciado públicamente violaciones a los derechos fundamentales en el proceso judicial en curso. En una entrevista exclusiva, la doctora Loza cuestionó la objetividad y la imparcialidad del Ministerio Público y del Poder Judicial en el manejo del caso.
La también abogada de la Sra. Keiko Fujimori, manifestó que la Fiscalía llevó a cabo una investigación de 36 meses en absoluto secreto, sin dar a la familia Alvarado la oportunidad de defenderse. “En ninguno de esos 36 meses, en ningún solo día, la familia Alvarado, a quien se le venía investigando de manera secreta, absolutamente clandestina, sin chance alguno de defenderse, no se le permitió ni 1 minuto”, afirmó Loza.
La abogada también señaló que la prisión preventiva de 36 meses impuesta a los miembros de la familia Alvarado ha sido excesiva y desproporcionada. “Ellos se encuentran privados de su libertad, de hecho, ellos ya tienen ya más de 1 año. 1 año privado de su libertad”, dijo. Además, criticó que la fecha para la apelación de la prisión preventiva se haya programado para mayo del año 2024, lo cual considera una violación al debido proceso.
En cuanto a la situación de la señora Inés Alvarado, quien fue detenida con su bebé lactante, la doctora Loza expresó su preocupación por el interés superior del niño. “El niño está con broncoespasmo, entre otras cosas, la humedad y las condiciones propias del penal por más esfuerzos que se hagan no son buenas”, señaló.
Loza también cuestionó el enfoque mediático del caso, sugiriendo que la posición política de Juan Alvarado podría haber influido en la cobertura y el tratamiento judicial. “Si la propia tesis del Ministerio Público es que este caso trascendería la ciudad de Huánuco, lo correcto bajo el criterio de administrativo del Poder Judicial, es que sea el caso llevado a Lima”, argumentó.
Finalmente, Loza hizo un llamado a los magistrados para que revisen el caso con un criterio de imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales. “No le pedimos un trato especial, jamás vamos a pedir un trato especial para ninguna persona. Lo único que pedimos es que se les trate con un criterio de igualdad”, concluyó.
Con estas declaraciones, la defensa de la familia Alvarado busca llamar la atención sobre lo que consideran irregularidades y violaciones al debido proceso en un caso que ha capturado la atención pública y mediática.
Dato:
La familia Alvarado ha estado en prisión preventiva por menos de un año, y la próxima revisión de su caso está programada para mayo de 2024. Este hecho a generado el argumento necesario para plantear una supuesta violación a los derechos fundamentales de los investigados.
Recordemos que en su audiencia de prisión preventiva, el exgobernador y actual reo Juan Alvarado dijo: “Metí la pata, pero no la mano”.
