La realidad del colegio Juana Moreno de Huánuco es un retrato doloroso de lo que significa el abandono estatal en materia educativa. Años después de ser declarado en emergencia, su infraestructura sigue convertida en un riesgo latente para alumnos y docentes. Nada se ha construido, nada se ha reemplazado, y las promesas se han convertido en costumbre.
El director del plantel, Manfredy Lucio Rivera Portilla, advirtió que el presupuesto destinado al alquiler de locales temporales donde estudian casi dos mil estudiantes solo está asegurado hasta 2026. De no concretarse pronto el proyecto de nueva infraestructura, esa fecha marcaría el fin de un espacio seguro para miles de familias huanuqueñas. Y, lo más grave: podrían verse obligadas a regresar a aulas que hoy representan un peligro.
Las declaraciones del director, recogidas esta semana, revelan un panorama de desidia. Según informó, las condiciones actuales no solo vulneran el derecho a la educación, sino que ponen en riesgo la vida misma de la comunidad escolar. Las aulas antiguas, los techos con filtraciones y el mobiliario deteriorado son pruebas visibles de un Estado que promete y no cumple.
Ni el gobierno local ni el regional han logrado concretar una respuesta sostenida, aunque ambos, según Rivera Portilla, mostraron “predisposición”. El término resume con precisión el drama peruano: predisposición sin acción, buena voluntad sin resultados. Mientras tanto, los estudiantes se dispersan en locales alquilados —como el edificio Atachagua o el Banco de la Nación—, lo que perjudica la continuidad pedagógica y la identidad institucional.
El colegio Juana Moreno, con 63 años de historia, no pide favores: exige que se cumpla con lo que la ley garantiza. La posibilidad de ejecutar la obra bajo la modalidad de obras por impuestos podría ser una vía eficaz, pero hasta la fecha no se ha identificado a ninguna empresa privada dispuesta a asumirla. Tampoco existe un cronograma oficial ni transparencia sobre los avances del expediente técnico.
Más aún, el compromiso de la Municipalidad Provincial de Huánuco de entregar la documentación en 15 días parece repetir un guion conocido: la prisa de las declaraciones, seguida por el silencio de la inacción. Los padres de familia, ante la incertidumbre, han decidido organizarse para vigilar el proceso. Ese gesto de ciudadanía debería avergonzar a las autoridades, que parecen necesitar la presión popular para cumplir con lo básico.
El Estado no puede continuar normalizando la precariedad ni utilizando la burocracia como excusa. La emergencia educativa no se resuelve con reuniones o comunicados, sino con decisiones concretas, presupuestos ejecutados y obras visibles.
