Tras ser mencionado públicamente por dirigentes y vecinos del asentamiento humano Ludipro como presunto implicado en un intento de invasión, Óscar Verástegui ofreció su descargo y negó de manera categórica cualquier participación en los hechos denunciados.
Verástegui sostuvo que las acusaciones no solo afectan su imagen personal, sino también el nombre de su familia. Calificó como “ilógico” que se le atribuya una invasión sobre un terreno que —según afirma— es de propiedad familiar y cuenta con título inscrito en Registros Públicos.
De acuerdo con su versión, el predio pertenece a su familia desde la década de 1970 y anteriormente fue utilizado para actividades productivas, como la fabricación de ladrillos. Señaló que existen documentos que respaldan la posesión histórica del terreno y que actualmente el caso se encuentra judicializado.
Además, rechazó las versiones que lo vinculan con ingresos nocturnos al área en disputa y sostuvo que el conflicto responde a enfrentamientos entre grupos que ocupan el terreno, no a acciones promovidas por su persona.
Uno de los puntos centrales de su declaración es la existencia de un proceso judicial relacionado con el predio. Verástegui indicó que cuenta con una resolución dentro del expediente 760-2018, en la que —según señaló— se dispone un desalojo programado para el 12 de agosto de 2026.
Explicó que en el terreno también existen copropietarios que adquirieron partes del predio de manera formal y que cuentan con títulos inscritos. Según afirmó, estas personas no serían afectadas por la medida judicial.
El empresario sostuvo que el conflicto actual se habría intensificado tras el reconocimiento municipal del asentamiento humano Ludipro mediante la Resolución 830-2025, emitida en diciembre. A su juicio, dicho reconocimiento se realizó pese a que el terreno se encuentra en litigio, lo que habría generado un escenario de confrontación social.
Asimismo, informó que interpuso una demanda ante el Poder Judicial solicitando la nulidad de esa resolución municipal, argumentando que no se puede reconocer un asentamiento sobre propiedad privada en proceso judicial.
Verástegui cuestionó la actuación de la Municipalidad Provincial de Huánuco, señalando que el reconocimiento administrativo del asentamiento habría sido otorgado sin considerar el proceso judicial vigente. Afirmó que esta decisión generó un conflicto entre grupos que ahora disputan el terreno.
Según su versión, existirían dos sectores enfrentados —Ludipro y Vía Crucis— que reclaman áreas dentro del mismo predio. Indicó que esta situación ha provocado tensiones y acusaciones cruzadas, incluyendo los señalamientos en su contra.
También sostuvo que parte del área corresponde a la zona conocida como Las 14 Cruces, espacio que —según manifestó— tiene un valor cultural e histórico para la ciudad.
Finalmente, pidió a las autoridades actuar con responsabilidad y respetar la propiedad privada mientras se resuelve el proceso judicial. El caso, que combina decisiones administrativas, procesos legales y confrontación social, permanece en una etapa de alta tensión y a la espera de pronunciamientos oficiales que permitan esclarecer la situación jurídica del terreno.
