Denesy Palacios Jiménez (*) 21/8/19
“Es preocupante que se tome muy a la ligera las cosas, ya hemos visto que cuando se trata de sacar docentes, para que ingresen las cónyuges, o cualquier otro allegado de las autoridades de turno, pues se toma como pretexto la ley. Pero cuando la institución reclama calidad educativa, meritocracia, etc. Sale el faenón: “para eso somos gobierno”, generando el beneficio de lucro para la Panaca reinante en el poder de una universidad pública en nuestro país”
La nueva Ley universitaria se da porque vivíamos en un contexto de caos, tanto académico como de gestión; primero, porque los grados se otorgan sin mayor exigencia de calidad, solo como favor político o como compra y venta de cualquier mercancía, y para engrosar los currículos de muchos que querían ascender o perpetuarse en el poder. Y por otro lado, la mala gestión se media por la cantidad de denuncias ante el Poder Judicial, Contraloría etc. etc. Los altos grados de corrupción, al ingreso a la docencia o a la universidad de parentela y amistades incondicionales con las personas que ejercían y ejercen el gobierno, es decir un nepotismo y tráfico de influencias increíbles, a esto se sumaba el ingreso de magistrados, fiscales y sus conocidos como trabajadores y docentes, a estas universidades; entonces ninguna denuncia prosperaba y todas prescribían; y lo que es peor las sobrevalorizaciones en los costos y presupuestos de las obras, proyectos y adquisiciones; sumado a esto el 10 % del costo del proyecto u obra, que en algunos casos llega hasta 25 %, que se le solicita al ganador del concurso de la licitación y adjudicación, dizque para el trámite administrativo o para quienes toman las decisiones en nombre nuestro, nunca son investigadas.
Como diría Eduardo Argent en “Un mundo sin políticos”, los políticos son despreciados y probablemente muchos estén de acuerdo con que deberían desaparecer. En realidad el mundo sin políticos ya existe en el Perú. Fijémonos bien, los políticos profesionales son hoy una especie en extinción. Nuestros políticos son amateurs, casi imposible llamarlos políticos. Ya no hay políticos, hay oportunistas, arribistas, convenidos, que por supuesto sin marco ideológico, no presentan alternativas de desarrollo, pero sí actividades que le permiten lucrarse.
Hemos recibido la Resolución de Consejo Universitario N.° 3679-2019-Unheval, que convoca con carácter obligatorio al proceso de Evaluación para Ratificación Docente 2019, para los docentes ordinarios de la Unheval en las diversas categorías, y se aprueba el cronograma de evaluación para ratificación.
No nos llamaría la atención, si supiéramos que realmente obedece a un mandato legal; sin embargo, analizando quiénes serán los jurados evaluadores, en su gran mayoría aquellos que han sido beneficiados con ascensos hasta por silencio administrativo, o han obtenido su grado sin mayor control de calidad en sus tesis de maestría o doctorado, y con una tabla y reglamento a su medida.
Por otro lado, la misma Sunedu, ante la opinión del Tribunal Constitucional, ha concedido plazo hasta el 20 de noviembre de 2020, entonces por qué no se prorroga hasta esa fecha la evaluación si de verdad queremos jugar limpio a los colegas. Lo que pasa es que hay mucha insania conforme se cesó a docentes de mucha calidad por cumplir 70 años; cosa que no ha pasado en otras universidades del país como la Cantuta, San Marcos etc.; donde se levanta las banderas para defender a los buenos docentes, en la casa valdizana pasa lo contrario.
“La política de gobierno está llena de personas aprovechadas, egoístas, centradas en sobrevivir económica y electoralmente. Lo peligroso de todo esto, es que lejos de luchar y combatir la corrupción, esta parece crecer más y nos pone al borde de los países que operan con delincuentes que actúan con mafias, con carteles y sicarios; y es que en una sociedad donde no se ha combatido en su real magnitud la violencia vivida década atrás, nos queda la secuela de el “fin justifica los medios”.
Frente a esta arremetida, los docentes valdizanos están solicitando se postergue dicha evaluación para ratificación, y si para ser imparciales, hay que acudir a evaluadores externos creo seria lo recomendable; además que la tabla para evaluar debe ser acorde a los méritos que exige la nueva ley, no es que la entrevista personal con las autoridades, o la opinión favorable que es subjetiva, vale más o tiene más peso que la investigación o la producción intelectual. Entre ellos se pondrían las más altas calificaciones, cuán lejos está de la verdad.
