La reforma política y sus matices

Por: Fernando Rodríguez Patrón

El término “partido” es un concepto polisémico que puede referirse a algo que está roto como a pequeñas circunscripciones geográficas; puede referirse también a algún evento de naturaleza deportiva o incluso a la ventaja que se tiene en algún juego o actividad frente. No es hasta su quinta acepción que la RAE lo define como un conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma opinión o causa.

Sin embargo, cuando al término “partido” se le une el adjetivo también polisémico “político” dando origen al concepto “partido político”, pareciera construirse una estructura de significado unívoco; sin embargo, más allá de relacionarlo con los conceptos de  “elecciones” y “democracia” probablemente pocos hayan reparado en las connotaciones que encierra. Sin intención de ir más allá respecto de la definición de “partido político”, conviene recordar que pese a la espontánea asociación de ideas que surge entre “partido político” y “democracia”, hemos expuesto previamente en esta columna sobre la posibilidad, cuando menos en el plano teórico, de concebir una democracia sin partidos.

Ello por cuanto la democracia es en buena cuenta un conjunto de principios a través de los cuales la sociedad se organiza y en tal virtud sus miembros podrían decidir que los partidos no son necesarios. Asimismo, debe tenerse presente que históricamente existieron democracias sin partidos, como fue el caso de Atenas  y que no fue hasta el siglo XIX que los partidos políticos hicieron su aparición en el contexto histórico.

Sin embargo admitamos que en la práctica el binomio partidos políticos y democracia es indisoluble. Todas las democracias modernas tienen partidos políticos, por tanto, al margen de teorizaciones, no existen sociedades democráticas sin partidos. Dicho esto, cabe agregar que los sistemas democráticos requieren de la existencia no de uno sino de una pluralidad de partidos, situación que permitirá verificar el cumplimiento de una de las condiciones necesarias para poder hablar de elecciones libres y competitivas y por tanto de calidad.

A esta pluralidad constituida por el conjunto de partidos políticos y sus condiciones de interacción como resultado de la competencia, Sartori le denomina sistema de partidos. Ahora bien, un sistema de partidos no es el resultado de la simple suma de estructuras partidistas de naturaleza individual, por tanto, requiere para su consolidación pasar por un proceso de maduración, el cual, en términos de Mainwaring consistiría en: a) Estabilidad, donde las reglas de competencia partidaria deben manifestar regularidad, en el tiempo, b) Los partidos deben tener fuertes raíces en la sociedad generando en su favor votantes duros (fieles) a lo largo del tiempo, c) La legitimidad de los partidos debe ser reconocida por los propios actores políticos, aunque discrepen con éstos y, d) los partidos deben ser plurales y democráticos y no subordinados a una minoría autocrática.

Lamentablemente, la contrastación entre los postulados y nuestra realidad partidaria, eleva a la calidad de axioma la disonancia entre ambos, situación que afecta los estándares de calidad de nuestra democracia, de la gobernabilidad e incluso invade terreno respecto de los niveles de representación de nuestras autoridades, revelándolo como precario. Debe tenerse presente además que la relación entre partidos políticos y democracia viene aparejada de un tercer concepto: las elecciones, no obstante, el ejercicio de la democracia va mucho más allá de la celebración de un acto electoral, asimismo, el rol de los partidos en una sociedad no se encuentra supeditado exclusivamente a su participación electoral.

Este trinomio democracia, partidos políticos y elecciones debería coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de las personas, sin embargo, si esto no es así y si las normas electorales no cumplen con su cometido, si las organizaciones políticas y el sistema de partidos no se consolidan y no constituyen el vehículo a través del cual se canalizan las necesidades sociales, si la calidad de las autoridades no mejora y las desigualdades sociales se mantienen o aumentan ante la incapacidad de las autoridades de reducirlas, concluiríamos inevitablemente que las perspectivas de desarrollo de la democracia se verán condicionadas y consecuentemente la democracia podría acabar viéndose afectada. Lo dicho nos revela la existencia de fallos en los procedimientos que regulan la representación política, la precariedad de sus actores y de las reglas de competencia, por tanto, todos los esfuerzos deben orientarse hacia la adopción de cambios necesarios para revertir estas disfuncionalidades. Lo dicho puede resumirse en las siguientes preguntas: ¿Cómo puede convivir la democracia en este escenario sin verse afectada? y ¿Qué rol juegan los partidos políticos en ello?

Bajo este panorama, concordamos con Zovato cuando refiere que los esfuerzos deben orientarse hacia el mejoramiento de la democracia, tema que involucra la discusión sobre la generación de mecanismos que garanticen tanto la legitimidad de origen de las autoridades electas por voto popular como la legitimidad que éstos reclaman para el ejercicio de sus funciones siendo la reforma electoral el camino que nos conduzca a ello.

Serán conscientes de ello nuestros parlamentarios? Lo deseo, pero honestamente lo dudo.